MIAMI, Estados Unidos. – El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) dio a conocer este miércoles que durante el recién concluido mes de noviembre en la Isla ocurrieron 353 protestas públicas, ocho más que en octubre “a pesar del masivo terror estatal y la ocupación militar de la Isla para impedir la Marcha Cívica por el Cambio convocada por la plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre (15N)”.
Con respecto al 15N, el OCC considera que “la métrica para decidir de quién fue la victoria” ese día “no es el número de ciudadanos que salió a la calle en comparación con los que se manifestaron el 11 de julio, sino el número de efectivos militares, policiales, paramilitares y de recursos materiales que el Gobierno estimó imprescindible para poder conjurar un nuevo estallido social”.
“Muchas personas no pudieron salir a manifestarse no por miedo, sino por estar literalmente bloqueados sus domicilios”, apunta el OCC. Pero, a pesar del escenario represivo, la organización contabilizó 79 protestas en todas las provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud.
Antes del 15N, “decenas de miles de tropas y fuerzas policiales y paramilitares fueron movilizadas por semanas para impedir las protestas ciudadanas. Se comenzaron a realizar detenciones acompañadas de brutalidad policial desde el 12 de noviembre y se mantuvieron sitiadas por la Policía de forma permanente más de 50 casas”, indica el informe.
Asimismo, la organización se refiere a la labor del Centro de Información Legal Cubalex, que documentó 87 detenciones arbitrarias en solo cuatro días incluyendo las de decenas de menores de edad.
El OCC también denuncia que “por primera vez en más de seis décadas los cuerpos militares y paramilitares del Gobierno ocuparon visiblemente el país ‘metro a metro’, como expresó la periodista independiente Yoani Sánchez”.
“Como disuasivo a los potenciales manifestantes del 15N, el Gobierno continuó el anuncio de sentencias arbitrarias y desmedidas a protestantes pacíficos del 11 de julio (incluyendo a menores de edad); golpizas fascistas en calles y prisiones; amenazas con retirar la patria potestad sobre los hijos a potenciales manifestantes; torturas psicológicas a detenidos y sus familiares, y presiones sobre disidentes y activistas conocidos para que abandonaran el país”.
En el informe, el OCC también señala que en el período se mantuvo la radicalización de las protestas, las cuales han pasado a ser eminentemente por derechos políticos y civiles. Estas, que representan un 76% por ciento de todas las que tuvieron lugar, fueron 266.
Desde que el OCC comenzó a contabilizar protestas públicas en la Isla, en septiembre de 2020, es significativo que se haya mantenido una curva ascendente de protestas. En 14 meses se han acumulado un total de 3 416 protestas, indica la propia organización.
“La noción de que una dictadura controla el poder en Cuba es hoy un consenso extendido entre la población de la Isla y la opinión pública internacional”, señala el informe, que también alude a la resistencia del pueblo cubano.
“Los actos de resistencia al poder se multiplican. Vecinos rehúsan participar en los actos de repudio contra activistas y coordinadores de la plataforma Archipiélago. Las administraciones no cuentan con el apoyo de los trabajadores para expulsar a simpatizantes del 15N. Militantes de la UJC presentan su renuncia a esa organización. En una prisión en Villa Clara, los reclusos también concertaron su acción de protesta al vestir de blanco, rehusar participar en un repudio a un preso político y protagonizar 24 horas de ayuno el 15N”, detalla.
“Más de 100 ciudades en el exterior fueron testigos de actos de solidaridad organizados por cubanos de la diáspora, muchos de ellos con participación o apoyo de la población local. Un logro de la convocatoria de Archipiélago con vista al 15N fue la galvanización del sentimiento nacionalista en cubanos que llevan más de medio siglo en el exterior”.
Por otro lado, el OCC observó que, a cinco años de la muerte del dictador Fidel Castro, los “nietos de la Revolución” no se conforman con reformas, sino que “exigen un cambio del actual régimen de gobernanza, un Estado mafioso moderno en que una nueva oligarquía dictatorial militar es la que realmente manda”.
“El inmovilismo, la desidia, la represión y arbitrariedad de ese régimen, así como la indefensión del ciudadano común frente a él, han sido los motores de ese cambio de mentalidad ciudadano”, concluye el informe.
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