LA HABANA, Cuba. – La pasada semana tuvo lugar el juicio contra otros 17 manifestantes del 11J en La Güinera, uno de los consejos populares del municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana.
Varios de los presentes relataron a CubaNet que la vista oral, efectuada en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, fue un despliegue de violaciones a los derechos humanos.
Algunos de los asistentes a la vista oral declararon bajo condición de anonimato que el proceso judicial se llevó a cabo prácticamente sin pruebas contra los procesados.
Las evidencias presentadas no fueron otras que las grabaciones hechas por los propios manifestantes y sus testimonios, obtenidos, por demás bajo presión, a pesar de que la ley estipula que ningún acusado puede ser obligado a autoincriminarse.
Según testimonios de los participantes, los supuestos expertos carecían de preparación, entre ellos la oficial que analizaba los videos para determinar si las personas que aparecían.
Uno de los abogados que intervinieron en la vista oral afirmó que el código penal está en deuda con la población, alegando que había una gran cantidad de derechos que no se les garantiza a los ciudadanos, comentó a este diario una de las fuentes. El jurista también instó a las autoridades a subsanar esas faltas en el sistema jurídico cubano.
Otro de los participantes indicó que, durante el juicio, la jueza hacía callar a muchos abogados mientras repetía que no se trataba de un juicio político, sino que estaban juzgando hechos contra la Seguridad del Estado.
“La Fiscalía hablaba mucho, pero cuando los abogados hacían preguntas, la jueza los mandaba callar. Eso lo vio todo el mundo”, sentenció la fuente.
Al momento de hacer su defensa, los abogados pidieron que los acusados no fueran enjuiciados como criminales, sino como “pueblo exigiendo su derecho”, pues también son parte del pueblo cubano, aunque piensen diferente.
Antes de leer la sentencia, las autoridades judiciales hicieron entrar primero a los familiares. La sala se llenó de numerosos guardias (unos ocho o nueve por cada asistente). En las conclusiones no había argumentos de la defensa, solo de la Fiscalía.
“La jueza leyó un papel que se ve que no redactó ella”, añaden las fuentes, “Se veía que lo leía por primera vez (…). No era como cuando uno es quien redacta, que aunque no conozca el texto de memoria, sabe de qué se trata”.
“Las sentencias mínimas fueron de 15 años de cárcel. Hay personas con 20 años echados que solo filmaron la manifestación. Esos videos se los quitaron de sus propios teléfonos. De la manifestación los cargaron al camión, les quitaron los móviles, los revisaron, se apropiaron de los videos, a las personas las dejaron presas y en el juicio las juzgaron con sus propios videos”, acotaron las fuentes.
“Ya en el transcurso del juicio nos habíamos dado cuenta de que todo estaba decidido”, reconocen.
“Al concluir un proceso judicial siempre se dice ‘concluso para sentencia’, y esta se recibe por escrito semanas después. Allí, por el contrario, se dio la sanción al otro día a las 8 a.m. Eso es sencillamente imposible, con un expediente tan grueso, con tantos acusados, tantos casos diferentes, es imposible analizarlos a todos entre las 5 p.m. y las 8 a.m.”.
Las fuentes coinciden en que uno de los momentos que más les impactó fue al final del juicio, cuando la jueza lloró después de leer las conclusiones.
“Pudimos notar que los policías presentes no eran del Capri ni de una estación de Policía. Tenían un nivel como de comando, tenían un orden, una sincronización, sin un fallo. Trajeron perros. No se podía estar ni a una cuadra del tribunal. Los familiares que quedaron afuera tenían que irse como a cinco cuadras, donde hay un parque. Dentro del tribunal también había perros, en la sala también. En la calle del tribunal no podía estacionar nadie, ni los vecinos de la cuadra. A un vecino le dijeron que no podía sacar el carro en la semana, solo salir de su casa a pie a la bodega y regresar. A los que viven allí los mandaban a parquear en otro lado”, dijo a CubaNet uno de los asistentes.
“En la puerta revisaban. El móvil había que dejarlo afuera o en un guardabolsos. Cuando te pasan al guardabolsos no puedes mirar hacia donde están los presos. Ellos estaban esposados y encadenados de manos y tobillos. Cuando salen para la sala tú no puedes mirarlos, ni ellos a ti. En la sala hay unos bancos largos. En una parte sientan tres familiares por banco, separados. La parte de atrás estaba llena de agentes de la Seguridad del Estado. En los otros bancos sientan a los detenidos, dos por banco. Al entrar a la sala les quitan las esposas, pero tienen que permanecer sentados con las manos a la espalda. En los extremos de los bancos hay dos guardias sentados, y dos de pie”, puntualizó una de las fuentes.
En esta ocasión los condenados fueron:
- Wilmer Moreno Suárez (Petición fiscal: 25 años de cárcel /Sentencia: 26 años)
- Roberto Pérez Ortega (Petición fiscal: 24 años / Sentencia: 25 años)
- Odet Hernández Cruzata (Petición fiscal: 23 años /Sentencia: 18 años)
- Reynier Reynosa Cabrera (Petición fiscal: 20 años /Sentencia: 19 años)
- Fredy Beirut Matos (Petición fiscal: 20 años / Sentencia: 20 años)
- Katia Beirut Rodríguez (Petición fiscal: 23 años / Sentencia: 20 años)
- Luis Frómeta Compte (Petición fiscal: 24 años / Sentencia: 20 años)
- Denis Ojeda Álvarez (Petición fiscal: 22 años / Sentencia: 23 años)
- Walnier Luis Aguilar Rivera (Petición fiscal: 22 años / Sentencia: 15 años)
- Yoandry Reinier Sayu Silva (Petición fiscal: 19 años / Sentencia: 19 años)
- Robert Orlando Cairo Díaz (Petición fiscal: 22 años / Sentencia: 23 años)
- Rolando Vázquez Fleita (Petición fiscal: 20 años / Sentencia: 21 años)
- Ángel Serrano Hernández (Petición fiscal: 22 años / Sentencia: 23 años)
- Yerandis Rillo Pao (Petición fiscal: 22 años / Sentencia: 23 años)
- Oscar Luis Ortiz Arrovsmeth (Petición fiscal: 22 años de cárcel / Sentencia: 23 años)
- Carlos Paul Michelena Valdés (Petición fiscal: 20 años / Sentencia: 16 años)
- Felipe Almirall (Petición fiscal: 19 años / Sentencia: 15 años)
Al cierre de esta nota CubaNet recibió la información de que Wilmer Moreno Suárez, Roberto Pérez Ortega y Yerandis Rillo Pao fueron trasladados a régimen de máxima severidad por dos años.
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