MIAMI, Estados Unidos.- El abogado de Cubalex Julio Ferrer presentó este lunes una demanda ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial Popular de La Habana, orientada contra la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior y la Terminal Número Tres del Aeropuerto Internacional “José Martí”, anunció este martes el Centro de Información legal.
De acuerdo a un comunicado de Cubalex, a Ferrer se le impide salir del país de modo arbitrario desde el 23 de octubre de 2019, cuando un oficial de Inmigración del citado aeropuerto le notificó que estaba “regulado”, un mecanismo que utiliza el régimen cubano para castigar de manera arbitraria a periodistas, activistas, opositores y defensores de Derechos Humanos.
En 2020 el Instituto Patmos llegó a contabilizar más de 200 personas reguladas en Cuba, quien por decisión del gobierno no pueden entrar o salir de la isla.
La nueva demanda presentada por Julio Ferrer, de acuerdo a la normativa vigente, “exige la revocatoria de la prohibición de salida del país en su contra; una retractación pública por parte de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior; y que la Terminal Número 3 del Aeropuerto Internacional “José Martí” abone una suma $3 960.00 CUP como reparación del daño material causado”.
El abogado presentó este martes un nuevo recurso legal luego de que la anterior demanda, interpuesta el 14 de enero de 2020 contra el ministro del Interior, vicealmirante Julio Cesar Gandarilla Bermejo y el teniente coronel Roylan Hernández Concepción, jefe Jurídico de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio Interior, fuera declarada inadmisible.
En 2020 Ferrer denunció también al mayor Ihosvany Fuentes Coll, oficial de Identificación, Inmigración y Extranjería de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional “José Martí y al primer teniente Yuriesna Ibañez, primer oficial de la Oficina de Trámites de Identificación, Inmigración y Extranjería del municipio Cerro.
La demanda inicial de Julio Ferrer solicitaba que fuera revocada la decisión tomada por la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior sobre la prohibición de salida de Ferrer Tamayo y que el Estado abonara la suma de $165.00 CUC como reparación del daño material causado.
Sin embargo, la respuesta del tribunal castrista fue: “los derechos que poseen amparo constitucional como de los procedimientos legales, situación jurídica que hasta la fecha no posee regulación legal expresa”. Es decir, aún no entraba en vigor la Ley de Amparo en 2020, por lo que la demanda no procedió
Por ello, Cubalex denuncia “la falta de interés del Tribunal Supremo Popular (TSP) y por ende, del Estado, en crear todos los mecanismos que permitan a los ciudadanos defender sus derechos humanos fundamentales. Esta desprotección también se evidencia en que el Estado no ha destinado los recursos materiales imprescindibles para la creación de una Sala de Amparo a los Derechos Constitucionales en los tribunales del país”.
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