AREQUIPA, Perú – El secretario de Estado en Estados Unidos, Marco Rubio, condenó este viernes la complicidad del régimen castrista con fugitivos y terroristas de ese país norteamericano.
A través de una publicación en X (antes Twitter), la denuncia de Rubio supone la primera mención de Cuba en su nueva cuenta de esa plataforma, creada tras la confirmación del cargo el pasado 20 de enero dentro del gabinete del presidente Donald Trump.
“En el 50 aniversario del trágico bombardeo de la taberna Fraunces, honramos la memoria de los que perecieron. Cuba continúa albergando y proporcionando refugio seguro a fugitivos y terroristas estadounidenses”, escribió el secretario de Estado.
Asimismo, el político cubanoamericano exigió que “los fugitivos estadounidenses buscados bajo la protección del régimen cubano sean llevados ante la justicia”.
Se estima que alrededor de 70 prófugos han sido acogidos por el régimen cubano. Se trata, en la mayoría de los casos, de personas que han sido acusadas de delitos de secuestro, asesinato, y otras ofensas relacionadas con drogas.
La explosión de la taberna Fraunces en Nueva York, que Marco Rubio recuerda en su publicación, es considerada uno de los actos terroristas más violentos en la historia de la ciudad y formó parte de una serie de ataques extremistas que impactaron el país durante la década del 70.
La tragedia ocurrió el 24 de enero de 1975, cuando miembros de las FALN, un grupo nacionalista puertorriqueño, colocaron una bomba en la taberna, dejando unos cuatro fallecidos y cerca de 40 heridos.
Uno de los responsables de la tragedia, William “Guillermo” Morales, huyó de Estados Unidos y forma parte de las decenas de fugitivos y terroristas que la dictadura castrista acogió en la Isla.
En ese sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó este lunes la orden de la administración Biden de sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Según confirmó una nota oficial de la Casa Blanca, la orden se inscribe dentro de una serie de rescisiones iniciales de decretos y medidas ejecutivas consideradas “perjudiciales” por la nueva administración.
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