Sobre multas, “bolas” y “tergiversaciones”: necesario desmentido a Granma
El diario oficialista cuestionó una información publicada por CubaNet sobre las multas de 5 000 pesos anunciadas contra quienes no dieran baja de la libreta de abastecimiento a personas fallecidas o residentes fuera del país
LAS TUNAS, Cuba. – El pasado 28 de enero, el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), publicó un artículo donde se leía: “Desde hace algunos días corre el rumor acerca de multas de hasta 5 000 pesos que serán aplicadas a quienes no hayan dado baja en la libreta de abastecimiento a los parientes fallecidos, o que actualmente no se encuentren viviendo en Cuba”.
En el texto, el medio califica las informaciones que circularon sobre el tema de “especulación”, “bola” y “tergiversaciones de quienes gustan de crear problemas, o manipular”.
El jueves 21 de enero de 2020, CubaNet publicó un artículo titulado El racionamiento en Cuba: multas por los que se fueron, en el que señalamos: “Autoridades de Comercio Interior en el municipio de Puerto Padre, provincia de Las Tunas, informaron a la población sobre la imposición de multas de 5 000 pesos cubanos a quienes no acudan a dar baja a `los consumidores´ que se encuentran fuera del país”.
Poco después de la información desvelada por este diario, medios de prensa alternativos se hicieron eco de reportes similares procedentes de otros territorios del país.
Cabe apuntar al PCC y a su periódico Granma que la información publicada por CubaNet -la cual, lejos de matizar, suscribimos- no constituye en modo alguno “especulación” ni “bola”: reproducimos con total exactitud lo dicho por autoridades de Comercio Interior en el municipio Puerto Padre a toda la población a través de la emisora Radio Libertad, institución que, como todos los medios masivos de comunicación en la Isla, se encuentra bajo la supervisión del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC, en este caso, bajo sus subordinados municipales.
Si Granma o el Departamento Ideológico del citado organismo dudan de la información publicada, pues que hagan una investigación al respecto en Puerto Padre y pregunten a quienes, apresuradamente, debieron dar baja “a `los consumidores´ que se encuentran fuera del país”.
Fueron los propios ciudadanos del territorio quienes fueron presionados por los informativos de Radio Libertad, específicamente, por un funcionario de Comercio Interior municipal que informó sobre la “penalización de 5 000 pesos”.
También debemos desmentir a Granma cuando indica en su artículo que “no existe una penalización de 5 000 pesos”. No es cierto. Existen penas para quienes infrinjan lo legislado respecto a los productos racionados. Y sanciones fuertes: privativas de libertad, multas, e incluso ambas.
En lo pertinente a la falsificación -entiéndase por esta cualquier alteración, ya sea por supresión o añadidos en los “documentos usados oficialmente para la distribución a la población de los artículos de uso y consumo sujetos a regulación”, léase racionados-, el vigente Código Penal es muy claro: sanciona con privación de libertad de uno a tres años o multas de trescientas a mil cuotas a los funcionarios o empleados infractores.
En el caso del infractor ser un particular, la sanción puede ser de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas. Sépase que una cuota no es un peso; puede estar integrada por uno y hasta por 50 pesos. Luego, una multa de cien cuotas de 50 pesos equivalen a 5 000 pesos. ¿No?
Existen documentos en la Oficina de Registro de Consumidores, clasificados como “documento riguroso control”, como el que se muestra en la fotografía. Huelga decir que su uso indebido implica delito previsto y sancionado por las autoridades de la Isla.
Convengamos que este no es el caso. Quedemos en que Comercio Interior no estaba ni está interesado en aplicar o promover sanciones de ningún tipo, ni penales ni administrativas. Si de buena fe los clientes del comercio racionado no fueron a dar baja a los “consumidores” ausentes, la institución, de oficio, debió hacerlo.
Entonces, útil sería que el PCC -partido único que en Cuba es “fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado”, según el artículo 5 de la Constitución- esclarezca cómo, por qué y autorizado por quién un empleado público adscripto a Comercio Interior, empleando un medio masivo de comunicación -en este caso Radio Libertad-, amenazó a la población del municipio de Puerto Padre con 5 000 pesos de multa por no dar baja de la cartilla de racionamiento a los “consumidores” ausentes.
Esperemos entonces que quienes realmente pusieron a circular la “especulación”, la “bola” y las “tergiversaciones” sean puestos a la vista pública. Granma y el PCC tienen la palabra. ¡Adelante!
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Alberto Méndez Castelló (Puerto Padre, Oriente, Cuba 1956)
Licenciado en Derecho y en Ciencias penales, graduado de nivel superior en Dirección Operativa. Aunque oficial del Ministerio del Interior desde muy joven, incongruencias profesionales con su pensamiento ético le hicieron abandonar por decisión propia esa institución en 1989 para dedicarse a la agricultura, la literatura y el periodismo. Nominado al Premio de Novela “Plaza Mayor 2003” en San Juan Puerto Rico, y al Internacional de Cuentos “ Max Aub 2006” en Valencia, España. Su novela “Bucaneros” puede encontrarse en Amazon.
