CDMX, México. – Según la enciclopedia oficial de la dictadura cubana, Ecured, el exagente de la Seguridad del Estado Raúl Antonio Capote “es un escritor, historiador, investigador y periodista cubano. Es profesor de la Universidad Pedagógica Enrique José Varona, y también miembro de la Unión de Historiadores de Cuba. Fue agente de la Seguridad del Estado con el alias ‘agente Pablo’”.
Desde 2003, cuando empezó a dar clases en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, fue contratado por un agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y recibió un “altísimo salario” proveniente del Departamento de Estado de EE. UU.
“Entre otras tareas, tenía la misión de convertir a los jóvenes universitarios cubanos en enemigos de la Revolución. En 2011 ―tras ocho años de trabajar como doble agente― reveló el plan estadounidense y los nombres de los intelectuales y profesores cubanos agentes de la CIA que participaron en su contrato”.
Entre sus funciones actuales, Ecured lo registra como editor de la página “Razones de Cuba”, de Cubadebate, además de colaborador del portal web CubaSí y la revista La Calle del Medio. Es autor del blog El Adversario, bitácora que denuncia los supuestos planes del Gobierno de Estados Unidos contra el régimen de la Isla.
Sin embargo, revisando las entrevistas publicadas de este agente, no pudimos encontrar “el altísimo salario” recibido por la CIA, ni el nombre de los supuestos intelectuales y profesores cubanos agentes de la CIA. Lo que sí se hizo público fue todo el proceso político contra los activistas cubanos condenados durante la Primavera Negra de 2003, con penas de hasta 28 años de cárcel, y la expatriación forzosa de la mayoría de ellos hacia España, ocho años después.
El espía Antonio Capote fue testigo fundamental durante las farsas judiciales de los 75 opositores y periodistas condenados por el régimen. La mayoría de los condenados habían firmado y ayudado a recopilar las más de 24 000 firmas que respaldaron el Proyecto Varela, en el año 2002.
Capote es hacedor de la propaganda del régimen cubano y fabricador de noticias falsas. La difamación contra los opositores cubanos en los medios secuestrados por el partido único sigue funcionando con total impunidad. Según el Código Penal vigente, Capote tendría que estar en la cárcel por los delitos de difamación, perjurio y calumnias, cumpliendo entre uno y tres años de privación de libertad. Pero el sistema judicial de Cuba no sanciona los atropellos de las autoridades y los agentes de la Seguridad del Estado contra los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
Ataques a las instituciones y leyes liberales en América Latina
En su artículo “El lawfare: crimen político en nombre de la ley”, publicado en “Razones de Cuba”, el 13 de diciembre del 2022, el autor victimiza a los políticos corruptos, o quebrantadores de la institucionalidad liberal, que han sido enjuiciados según las leyes vigentes en sus respectivos países. A continuación, algunos ejemplos:
“La injusta condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos” (…). “El presidente Pedro Castillo era destituido y arrestado, mientras la Fiscalía realizaba operativos en el Palacio de Gobierno para recabar pruebas en su contra, acusado de rebelión y conspiración, tras declarar el estado de excepción en el país” (…). “En ambos casos, se trata de operaciones de lawfare que se suman a las realizadas contra Rafael Correa, Jorge Glas, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales, Fernando Lugo, etc.”.
Según el agente Capote, estos políticos latinoamericanos, que desde el poder han violado la institucionalidad o las leyes anticorrupción en sus propios países, son inocentes por su filiación política. Es decir, Cristina Fernández de Kirchner no desvió 3,2 millones de dólares para su beneficio y el de sus colaboradores mientras ocupaba la presidencia de Argentina; Pedro Castillo no intentó diluir y cerrar el Congreso del Perú; Rafael Correa y Jorge Glas no fueron condenados por un tribunal de Ecuador por haber sobornado a empresas entre 2012 y 2016 para costear su partido político; Lula Da Silva, al parecer, tampoco financió la Zona Especial de Desarrollo del Mariel con dinero público a través de la constructora Odebrecht, que justificó la inversión en la infraestructura cubana “por razones ideológicas”. El monto de dicho financiamiento ascendió a 957 millones de dólares, que salieron del erario público brasileño. Evo Morales no intentó violar la Constitución ni el referendo popular que rechazó su reelección en 2016.
Todos estos hechos son presentados por el agente Antonio Capote como una conspiración política contra los gobiernos de izquierda. También lo son, según él, las denuncias contra las dictaduras de Nicaragua y Venezuela.
El agente define la supuesta conspiración como lawfare, o “guerra de leyes”. Sin embargo, no se interesa en aplicar el mismo concepto a la realidad cubana.
Desde el año 2020, Capote se ha dedicado a impulsar el linchamiento mediático contra el Movimiento San Isidro, el movimiento 27N y el estallido social de julio de 2021 (11J), en los medios oficiales Granma y Cubadebate. Estos movimientos civiles pacíficos han sido criminalizados bajo el argumento de una supuesta asociación con la CIA, o de obtener financiamiento de EE. UU. para desestabilizar a la dictadura.
Si en Cuba existiera un Estado de derecho y respeto a las garantías civiles y políticas, Raúl Antonio Capote sería juzgado y encarcelado por las mismas instituciones y leyes latinoamericanas que salvaguardan los derechos ciudadanos y atacan la corrupción de las élites de poder.
Ser antiestadounidense y admirador del dictador Fidel Castro no lo exime de responder por su violación al honor y los derechos de los opositores cubanos.
