PARÍS, Francia. — El Senado español acaba de aprobar la Ley de Memoria Democrática, un texto que fue aprobado por mayoría el 14 de julio de 2022 en el Congreso de los diputados. La ahora casi ley espera su publicación en el Boletín Oficial de Estado para entrar definitivamente en vigor, sin tener que volver a pasar por el Congreso, ya que el documento ha sido aprobado tal cual fue remitido a los senadores.
La batalla parecía ruda, pues la oposición de la Cámara alta había presentado 521 enmiendas y cuatro propuestas de veto, pero desde los grupos de izquierda lograron ponerse de acuerdo en julio para presentar el texto, así que las posibilidades de que no saliera adelante eran casi inexistentes.
Esta ley intenta reparar las heridas abiertas en la sociedad española durante la guerra civil y contempla medidas de resarcimiento a las víctimas, así como diferentes disposiciones por las que se reescribirá la historia de España en el siglo XX, haciendo del conflicto civil una película de buenos y malos, donde los buenos triunfan al final, impidiendo que los del otro bando puedan defenderse porque hacerlo —por obra y gracia de esta nueva legislación— se convierte en un delito.
Más allá de las simpatías o antipatías que nos inspire la actualidad peninsular, los cubanos teníamos interés en que esta ley se aprobara. No porque nos importara mucho la suerte de la momia de Franco, sino porque, en su articulado, aparecían proposiciones que nos beneficiarían ampliamente, ya que permitirían que un número significativo de isleños pudieran acceder a la nacionalidad española, o sea a la libertad.
Estos supuestos, que aparecen recogidos en la disposición adicional octava, permiten la adquisición de la nacionalidad española a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. Las personas en esos casos, tal y como ocurrió en 2007 con la Ley de Memoria Histórica aprobada por Zapatero, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil.
Como sabemos, muchos de los cubanos que tenían derecho en 2007 no pudieron o no quisieron acogerse a la misma. Dada la actual situación política en Cuba, es muy probable que los afectados no vuelvan a cometer el mismo error.
¿Cuántos de ellos tendrían el derecho a acogerse a esta ley en la actualidad? Pues muchísimos, si nos referimos a las estadísticas de mediados del siglo pasado, cuando la comunidad española de la Isla ascendía a más de 800 000 personas. Todos los cubanos en la actualidad, empezando por los actuales tiranos, descienden de españoles en primera o segunda generación. Así de simple.
En 2007 la dictadura todavía poseía medios de presión para impedir que los militantes del partido, los militares o las personas que trabajaban en el turismo solicitaran la nacionalidad española. Tampoco la situación económica era la misma que hoy en día. El acceso a la documentación necesaria para iniciar el trámite también fue un escollo para muchos cubanos que carecían de acceso a Internet; lo mismo para procurarse los datos de sus ancestros en España o en las parroquias de la Isla. Aun así, casi 200 000 pasaportes españoles han sido entregados por el consulado desde aquella fecha hasta hoy.
La novedad con respecto a la ley anterior es que la nueva permitirá el acceso a la nacionalidad a los nacidos en el exterior de mujeres españolas que la perdieron por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
El último contingente que vendrá a sumarse lo componen los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes se les reconocerá su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción, de acuerdo a lo dispuesto en la ley que se promulgará en breve. Esto significa que si en una familia de cuatro miembros el padre o la madre optan por hacerse españoles, toda la prole tendrá también derecho. Algo que no ocurrió con la Disposición Adicional Séptima de 2007, que dejó fuera a los hijos mayores de edad.
Familias enteras podrían optar por hacerse españoles con la nueva disposición. También podrán hacerlo los hijos mayores (que ya son españoles de facto) que fueron excluidos en la pasada legislación.
Presumiendo que de aquellos 800 000 españoles que residían en Cuba en 1950 400 000 regresaron a España sin descendencia y que de los que quedaron en la Isla 200 000 se fueron a Miami entre 1959 y 1980, todavía nos quedan 200 000 almas que, a no dudarlo, se han ido reproduciendo alegremente desde 1960. Digamos que, en la actualidad, todos ellos hacen un total de medio millón de descendientes directos calculando de manera conservadora y arbitraria a dos hijos por familia.
De este medio millón, 200 000 más o menos ya son españoles (lo cual coincide con las cifras oficiales). Ahora faltaría el resto. Si a estos les sumamos a los descendientes de las españolas que ahora pueden optar y a los hijos mayores que se quedaron fuera la primera vez, llegaríamos sin muchas dificultades al millón de personas con derechos.
¿Cuántos lograrán completar el trámite? Imposible de predecir. El consulado de España en La Habana es un desastre. Recordemos que allí todavía quedan 30 000 expedientes no resueltos de la pasada legislación. ¿Alcanzarán a procesar todas las peticiones de una Ley que caduca en dos años? Lo más probable es que no. Entretanto los partidos de derecha pueden llegar al poder y derogarla, algo más que probable según las declaraciones de sus principales líderes.
Ahora toca esperar la publicación en el BOE, así como los decretos de aplicación de la legislación. De parte de los futuros beneficiarios queda el procurarse los documentos necesarios y armarse de paciencia. Lo más difícil empieza ahora.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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