GUANTÁNAMO, Cuba. — Recientemente, CubaNet ha informado sobre las torturas que se aplican en una presunta “salita de psiquiatría” de la prisión de Guantánamo. He entrecomillado la frase porque fue usada por la colega Gladys Linares en un artículo haciéndose eco de la denuncia formulada por el reo Arturo Acosta Ramos mediante llamada telefónica a sus familiares. Sin embargo, mencionar la existencia de esa presunta salita puede provocar la idea de que allí los reclusos reciben servicios médicos especializados, algo muy lejos de la realidad.
La prisión guantanamera —como tantas otras— fue terminada de construir poco antes de 1990. No fue casualidad, sino parte de una estrategia de Fidel Castro con el propósito de ofrecer una visión manipuladora del sistema penitenciario a las instituciones internacionales, cuya entrada a la isla fue permitida por primera y hasta ahora única vez para monitorear el cumplimiento de los derechos humanos. Ni siquiera entonces las cárceles contaron con servicios médicos especializados, salvo los de odontología.
Las autoridades que dirigen el sistema penitenciario se han encargado de divulgar que los reclusos tienen asegurada una buena alimentación y cobertura médica, afirmaciones falaces pues resulta bien conocida la crisis alimentaria y de medicamentos que sufre el país, y de la cual no se libran las prisiones. No obstante, el personal médico se encarga de avalar documentalmente que la comida que se ofrece a los presos, así como los servicios de salud, son adecuados.
Durante décadas los médicos también han sido cómplices de los crímenes cometidos por las autoridades, pues cada vez que un reo ha fallecido como consecuencia de una golpiza se ha certificado que murió de un ataque al corazón. De más está decir que en esos casos no se permite el velorio del reo ni su autopsia.
En los años más difíciles del período especial los reclusos guantanameros recibieron solo una comida diaria, consistente muchas veces en un caldo desabrido. Cientos fallecieron por desnutrición y sus muertes fueron achacadas a presuntos infartos. Incontables han sido los decesos ocurridos allí por falta de atención médica.
La Regla 24 del documento conocido como “Reglas Mandela”, aprobado por la ONU y ratificado por Cuba, establece: “La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica.” Tal objetivo sigue siendo una quimera para el sistema penitenciario cubano.
Pero quizás la parte más deleznable relacionada con los servicios médicos en la prisión de Guantánamo sea el papel que juegan los galenos al acatar todas las órdenes del personal administrativo —incluso cuando van en contra de la salud de los reos — y prestarse a la práctica de torturas, como la denunciada por el reo Arturo Acosta.
Una de las tantas ciberclarias que desovan su odio en las redes escribió un comentario repugnante y ofensivo contra la colega Gladys Linares acusándola de mentir, el mismo estribillo repetido hasta el cansancio por los corifeos del castrismo. Fidel Castro fue el padre de esa postura, que alcanzó su punto álgido cuando el presidio político histórico sufría los horrores de la represión de la dictadura.
Los cubanos interesados en el asunto tuvimos que esperar varias décadas para comenzar a informarnos a hurtadillas, escuchando bien bajito los programas de Radio Martí. Cuando se permitió la inspección de las cárceles cubanas el conocimiento de ese horror fue amplificado, al punto de que quien hoy niegue la existencia de tales violaciones, más que asumir una posición política revela públicamente un alma envilecida por la mentira.
La tortura conocida como “la fijación” es una práctica habitual en la prisión de Guantánamo y consiste en llevar a los reclusos a la enfermería y amarrarlos de manos y pies en un camastro. Así, picados por las chinches y los mosquitos, permanecen varios días. Se trata de una tortura aplicada a los reclusos que reclaman sus derechos a las autoridades. Nadie me lo contó. Yo vi a un “fijado” el día 3 de septiembre de 2020 cuando me llevaron a la enfermería a hacerme la prueba de la COVID-19.
En un descuido del guardia comencé a caminar por el área y me asomé al cubículo donde estaba “el fijado”. Cuando el guardia descubrió que estaba hablando con él se alteró muchísimo. Luego, percatándose de lo delicado de la situación, puesto que por su negligencia había propiciado que comprobara la existencia de esa tortura, me aseguró que ese hombre estaba fijado porque era peligroso. Pero si tenía algún problema mental debió haber sido trasladado al hospital psiquiátrico y no mantenerlo en esas condiciones inhumanas y degradantes prohibidas por la legislación internacional y, específicamente, por la Regla No.1 que establece: “ Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes”.
Si es cierto que hoy al frente de ese establecimiento penitenciario está el oficial Marcelino Bueno Tavera —que de bueno solo tiene el apellido —, no dudo que esa tortura continúe practicándose allí. El sujeto en cuestión es un ser prepotente y vulgar del cual se rumora que no solo acosa sexualmente a las jóvenes oficiales destinadas a trabajar en la prisión, sino también a las esposas de los reclusos.
Durante mi segunda estancia en esa cárcel no creo que, salvo el capitán Yorkis Castellanos Boulet —alias Jackie Chan —, entonces Jefe de Orden Interior, hubiera alguien que lo superara en crueldad y despotismo.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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