MIAMI, Estados Unidos. – Damaris Williams, de 27 años, salió de Cuba rumbo a Nicaragua para librarse del “asedio político” del régimen, dice. La joven forma parte de la actual oleada migratoria de cubanos hacia EE. UU., durante la cual más de 194 000 nacionales de la Isla han entrado de forma irregular por la frontera sur estadounidense, según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Williams cruzó la frontera sur de EE. UU. por la zona de Mexicali, el pasado 9 de marzo. Tras varios días en una cárcel para migrantes en la ciudad fronteriza de Calexico, California, fue liberada junto a un grupo de mujeres cubanas.
“Todas las que salimos ese día, salimos en masa con I-220A”, contó a CubaNet, refiriéndose al formulario o documento legal que le permite permanecer en territorio estadounidense en libertad pero bajo supervisión de las autoridades migratorias.
A diferencia de los demás migrantes latinoamericanos, los cubanos se benefician de una ley que les permite conseguir la residencia en EE. UU. pasados un año y un día de su admisión en el país: se trata de la conocida Ley de Ajuste Cubano (CAA, por sus siglas en inglés).
Antes de enero de 2016, los nacionales de la Isla podían entrar por cualquier vía a EE. UU., de manera legal o ilegal, y acogerse a la política “pies secos, pies mojados” hasta cumplir un año y un día en el país (el momento en que pueden aplicar a la Ley de Ajuste Cubano).
Gracias a esa política, también podían obtener un permiso de trabajo y solicitar la residencia permanente o green card.
Pero antes de entregar la presidencia a Donald Trump, Barack Obama derogó “pies secos, pies mojados”, lo que desde entonces obliga a los cubanos a probar su admisión en EE. UU. con un documento oficial: ya sea el I-94 (Registro de entrada y salida de ciudadanos extranjeros que ingresan en EE. UU. con una visa de no inmigrante) recibido en el aeropuerto, al momento de su admisión en el país; o el parole concedido por las autoridades fronterizas.
Sin embargo, muchos de los cubanos que acceden a territorio estadounidense no reciben un parole sino otro documento conocido como I-220A (al que también llaman “libertad bajo palabra” y que, hasta ahora, no ha sido admitido para optar por la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano).
“USCIS te otorga la residencia, vas con la Corte, le enseñas la residencia al juez, y el juez, en el 99 por ciento de los casos, va a desestimar los cargos [por la entrada y estancia irregular en EE. UU.]”, explica en su muro de Facebook el abogado de migración Arvin Saenz.
Pero a los cubanos que entran sin parole se les complica la vida.
Anialis Pérez Castillo, de 29 años, cruzó la frontera el 30 de junio. A medida que pasaba el tiempo en territorio estadounidense se dio cuenta de que la suerte de haber llegado no lo era tanto bajo la forma I-220A.
“Todos llegamos y entramos, pero la gran mayoría no somos procesados bajo las leyes del parole. Nos dejan entrar bajo la forma I-220A, que nos impide trabajar y acogernos a la Ley de Ajuste al año y un día”, se lamenta Williams en conversación con CubaNet.
La joven está segura de que, “si no cambian las cosas”, al año y un día deberá afrontar nuevos desafíos.
“Para nosotros el I-220A significa que vamos a pasar trabajo por mucho tiempo. Eso que te dice el abogado de que al año y un día tienes la residencia no es cierto. Si tienes fecha de corte, tienes que ir a un juez, y es él quien te autoriza [a residir legalmente en EE. UU.]”, dice con resignación.
En su página de Facebook, el abogado Arvin Saenz reconoce que “el camino para los que no tienen parole es largo y conflictivo”.
“En esta época ―dice― USCIS se está comportando como fiscales. [Los funcionarios de USCIS] saben que tienen jurisdicción, pero no quieren que los cubanos entren de la manera que están entrando”, agrega.
No obstante, Saenz cree que de todos modos “los cubanos pueden pelear su estatus bajo la Ley de Ajuste”.
Según datos de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP), más de 2 millones de migrantes han entrado por la frontera en los últimos 12 meses. Con México y Guatemala a la cabeza, Cuba ocupa el tercer lugar entre los países con más migrantes “exportados” rumbo a la frontera sur estadounidense.
La mayoría de los especialistas en el tema concuerda en que la admisión de los cubanos con I-220A y no bajo parole es una estrategia de del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) para desestimular la entrada irregular al país. Esa práctica, sin embargo, está chocando con el mayor éxodo de cubanos hacia Estados Unidos después de la llegada al poder de Fidel Castro.
Trabajo para pagar el ajuste
Ernesto García, un abogado cubano residente en Miami, forma parte del equipo que administra la Agencia Blue Sky, la cual recibe a miles de cubanos que necesitan realizar trámites migratorios y de trabajo, entre otras cuestiones relacionadas con la regularización de su estatus.
“En estos últimos tiempos en que el flujo migratorio de cubanos aumenta de forma imparable, hemos dedicado mucho tiempo al procedimiento de la aplicación de la forma I-220A, que ha sido uno de los instrumentos más cuestionados por los cubanos que están llegando y se sienten afectados porque le trae demora para insertarse en la sociedad y regularizar su estatus”, explica el letrado.
Según la experiencia de García, la obtención del permiso de trabajo es el mayor problema al que se enfrentan los cubanos, lo mismo quienes cuentan con parole que con el I-220A.
“Quienes entran bajo parole tienen la ventaja de que pueden aplicar a la ley de ajuste de estatus, pero no hemos tenido noticia de que hayan logrado conseguir el permiso de trabajo después de solicitarlo. Los que esperan con I-220A, no lo consiguen. ¿Y cómo van a pagar un abogado si no trabajan?”, se pregunta García. “A veces es un matrimonio con niños, y se ven obstaculizados en conseguir sustento de forma legal”, agrega.
Ana Ibis Abascal entró a EE. UU. el 29 junio pasado. Fue procesada con formulario I-220A y asistió a su primera cita en la Corte sin contar con un abogado porque no tenía dinero para pagarlo.
“Me pidieron 7 000 dólares para el proceso. ¿Cómo lo consigo si no te permiten trabajar sin permiso? Para solicitar el permiso de trabajo tengo que esperar 180 días, y después esperar a que me lo otorguen. Eso es un proceso que se demora más de ocho meses”, dijo Abascal a CubaNet.
La entrevistada intentó asesorarse con un abogado de oficio antes de asistir en noviembre a su próxima cita en la Corte, pero estos “no están cogiendo nuevos casos porque tienen a muchas personas”, dijo.
“Nos dejan entrar para luchar por nuestra legalización, pero nos cierran las puertas para trabajar y complican el proceso de ajuste”, lamenta otra inmigrante cubana, Anialis Pérez, quien tiene la esperanza de que el I-220A sea considerado un documento de admisión.
Sus esperanzas se sustentan en una demanda colectiva de abogados de migración que fue presentada en una corte federal de Miami.
En ella, un grupo de abogados solicitó que se considere el permiso de “libertad bajo palabra” o I-220A como un documento de admisión para obtener la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano. Solo de esa forma, miles de cubanos en la misma situación que Anialis Pérez, podrían regularizar su estatus migratorio.
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