COVID-19 en La Habana: una coartada para perpetuar la pandemia del castrismo

LA HABANA, Cuba. – El nuevo paquete de medidas que comienza a regir durante 15 días en la capital cubana a partir de hoy martes 1ro de septiembre, viene a colocar una nueva losa sobre el ánimo de los capitalinos tras cinco angustiosos meses de una epidemia cuyo término se ubica en un plazo tan ignoto como el de la crisis alimentaria que atraviesa Cuba desde mucho antes del inicio de la pandemia.

Con el pretexto de controlar el actual rebrote de COVID-19, que se ha dispersado “con una transmisión intensa” en todos los municipios de la capital cubana, el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, en su intervención por videoconferencia en la Mesa Redonda de la televisión nacional del pasado jueves 27 de agosto, declaró que las medidas y acciones anteriores no fueron suficientes para controlar el contagio.

“Ha habido indisciplinas por parte de personas que no actuaron consecuentemente y (también) hay instituciones que no cumplieron su papel rector y su liderazgo”, explicó, todo lo cual llevó a un rebrote de la enfermedad y en el transcurso de esta semana volvimos a la etapa anterior, “de transmisión autóctona”, pero con una situación mucho más compleja que en la etapa anterior, ya que en la capital existen 6 focos de contagio abiertos y una mayor dispersión de los casos.

Sin ánimo de sumergirme en la turbidez de las cifras oficiales, ni de volver al tema del incurable vicio de las autoridades, hasta el más alto nivel, de evadir su gran cuota de responsabilidad en este retroceso —exceso de triunfalismo, desescalada anticipada, apresuramiento en la apertura de hoteles con el único fin de recaudar dinero sin reparar en los riesgos, por solo mencionar las más evidentes— el rigor de las nuevas restricciones no guarda una relación proporcional con el número de contagios si se le compara con los más de dos millones de habitantes de la capital.

Tampoco parece razonable que las autoridades se hayan planteado un plazo de apenas 15 días (en primera instancia) para detener un rebrote que el propio ministro de Salud declaró podría tornarse “incontrolable”. Algo huele a chamusquina.

Aun otorgando el beneficio de la duda a los altos dirigentes del país y de la capital en su presumible intención de profundizar los controles con el fin de proteger la salud del pueblo, y sin negar la prioridad que supone mantener el cerco sobre tan peligrosa enfermedad, salta a la vista que los nuevos mandamientos abundan en críticas y prohibiciones a la población —algunas de ellas rayanas en lo absurdo o exagerado— y se centran en medidas disciplinarias para quienes se atrevan a trasgredir estos tabúes, pero, como es práctica habitual, dejan en un limbo sumamente difuso las obligaciones y responsabilidades que deberán cumplir las autoridades.

Tomemos por ejemplo omisión de las funciones que estarían obligadas a garantizar las diferentes instancias del gobierno y del Ministerio de Salud en cuanto a las condiciones materiales, de higiene y de servicios, tanto a nivel de hospitales como de los llamados “centros de aislamiento”, teniendo en cuenta las numerosas quejas emitidas por los ingresados en dichos lugares durante el primer brote.

Otro punto oscuro es la responsabilidad de esas mismas autoridades con el traslado a hospitales de aquellas personas que requieran de atención urgente, no necesariamente casos relacionados con la gripe china, en especial en el horario de siete de la tarde a cinco de la mañana durante el cual queda expresamente prohibida la movilidad de las personas y de los vehículos, so pena del retiro de matrícula y circulación a los vehículos no autorizados que circulen en ese horario.

Más aún, a tenor con las nuevas restricciones se ha facultado al Gobernador “de un instrumento legal que permita aplicar multas severas con altas cuantías en diversos casos de indisciplina social” durante este período. Dichas multas se deben pagar en un plazo no superior a los 10 días, de lo contrario se duplicará su monto, y de no ser abonada a los 30 días los infractores serán sometidos a instrucción penal. Todo esto en un escenario de parálisis económica y social donde la mayoría de los trabajadores estatales se mantienen sin trabajar y cobrando el 60% de su salario o incluso sin percibir ingreso alguno, mientras los trabajadores del sector privado (cuentapropistas) no han recibido absolutamente ninguna ayuda del Estado.

Como era de esperarse, el carácter arbitrario y parcializado de las disposiciones oficiales y de su aplicación, así como la “impunidad de las alturas” quedan perfectamente reflejados ante la inexistencia de entidades o mecanismos legales con capacidad para sancionar a las autoridades de cualquier nivel, incluido el propio Gobernador, en caso de que sean esas autoridades o sus subordinados quienes (nuevamente) violen las normativas o falten a sus (no enunciadas) obligaciones.

En todo caso, las próximas dos semanas constituirán un verdadero desafío para los agentes del orden encargados de su cumplimiento en el teatro de operaciones más complejo y, demostradamente, de más difícil control para los agentes del orden: la capital cubana. Un verdadero polígono de pruebas —parafraseando a un amigo que lo definió de esta manera— donde esos mismos agentes se han enfrentado con escaso o nulo éxito a las ilegalidades, al mercado informal (“inmortal, debería decir) y a la corrupción, cuando no han formado parte de esa larga cadena.

Y es precisamente de esto a lo que van encaminadas, en última instancia las nuevas restricciones: a afinar y reforzar las estructuras represivas. Las draconianas medidas que regirán en La Habana en las próximas dos semanas sugieren más bien un ejercicio de ensayo para aceitar —en lo posible— los mecanismos represivos de cara a eventuales focos de disturbios que podrían producirse en los meses venideros, no por reclamos de naturaleza política, habida cuenta la orfandad cívica e ignorancia política de “las masas”, sino por indetenible avance de la crisis de desabastecimiento que amenaza agravarse y que golpeará con mayor fuerza en los hogares más pobres.

Toque de queda, sanciones severas, separación de la población en estancos (cada quien aislado en su municipio) limitación drástica de la circulación de personas y vehículos, quizás podrían ser parte de una táctica encaminada a facilitar la respuesta al descontento popular. Más que el control de la COVID-19, una retorcida estrategia para perpetuar una epidemia mucho más virulenta y dañina: la del legado castrista.

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