MIAMI, Estados Unidos. – El último informe semestral del Centro de Información Legal Cubalex, correspondiente a la primera mitad de 2024, presenta un panorama “alarmante” de violaciones de derechos humanos en la Isla, con énfasis en las muertes bajo custodia y el recrudecimiento de la represión estatal contra diversos sectores de la sociedad.
La organización da cuenta de la muerte de 26 personas mientras se encontraban bajo custodia del Estado, aunque considera que esta cifra “es solo una fracción del total”. También indica que las condiciones en las prisiones siguen siendo deplorables, con reportes de “torturas, tratos crueles y falta de atención médica”.
Entre las muertes bajo custodia se cuentan los casos de Luis Ángel Benítez Hernández, Luis Yasser Mesa Brito y Daniel Herrera, quienes “fueron sometidos a agresiones por parte de la Policía antes de fallecer”. Hasta el momento, las autoridades cubanas no han informado sobre medidas tomadas contra los responsables de estos incidentes, lo que evidencia la impunidad predominante en el sistema, señala Cubalex.
La organización también lamenta que las prisiones en Cuba continúen siendo centros de violaciones sistemáticas de derechos humanos. En ese sentido, denunció que el “uso arbitrario de celdas de castigo” y la “complicidad de reclusos comunes para hostigar a presos políticos” son prácticas recurrentes que agravan la situación. Asimismo, señaló que la negación de asistencia médica es una de las principales causas de muerte dentro de los centros penitenciarios.
Además de las condiciones “infrahumanas” en las cárceles, el informe de Cubalex documenta un patrón continuo de violencia física y psicológica. “Las golpizas, amenazas de muerte y torturas durante las detenciones e interrogatorios son prácticas comunes utilizadas para inhibir el ejercicio de derechos”, afirma el informe.
Protestas y represión generalizada
Durante los primeros seis meses de 2024, se registraron 137 protestas en todo el país, la mayoría de ellas relacionadas con el deterioro de las condiciones de vida. En marzo, las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Holguín fueron el foco de protestas masivas, que fueron reprimidas mediante “cortes de internet, detenciones violentas y la imposición de multas y cargos delictivos” a los manifestantes. Cubalex subraya que el Gobierno cubano utiliza su control sobre ETECSA, el monopolio de telecomunicaciones, para cortar las comunicaciones en momentos clave y evitar que los ciudadanos denuncien abusos.
El informe también detalla el uso de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, que son aplicadas de manera sistemática para intimidar a los disidentes. Muchas de estas detenciones se extienden durante semanas, y en algunos casos, los detenidos no reciben ninguna notificación oficial, lo que contribuye a la incertidumbre y el miedo.
Cubalex también denuncia la represión que se ejerce en el espacio digital. Los activistas, periodistas y ciudadanos que critican al régimen en redes sociales son víctimas de cortes selectivos de internet y acoso cibernético por parte de la Seguridad del Estado. Además, las autoridades continúan bloqueando el acceso a sitios web de medios independientes y organizaciones de derechos humanos.
Por otro lado, el exilio forzado y las prohibiciones de salida del país son otras de las herramientas utilizadas por el régimen cubano para reprimir la disidencia. “Más de un centenar de personas enfrentan prohibiciones arbitrarias de salida del país”, denuncia el informe, que también destaca que esta política no solo afecta a los opositores, sino también a sus familiares.
Ante la gravedad de la situación, Cubalex hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que intervenga y presione al Gobierno cubano a respetar los derechos humanos. La organización propone incrementar la presión diplomática sobre el régimen y fortalecer las investigaciones internacionales sobre las violaciones documentadas en Cuba, especialmente en áreas como las prisiones y la represión de las protestas.
“El entorno de represión sistemática y violaciones continuas erosiona la confianza en las instituciones y alimenta la desesperanza en la población”, concluye el informe.
