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LIMA, Perú – Mientras los presos políticos en la Isla sufren condenas de 15 o más años de prisión, el Tribunal Provincial Popular (TPP) de La Habana sentenció recientemente a dos abusadores de menores a 8 y 10 años de privación de libertad. Una reciente nota informativa publicada por el TPP vuelve a exponer las discordancias del sistema judicial en la Isla, más avocado al servicio de un Partido político y su casta gobernante que a la protección de la ciudadanía. Según el comunicado de la entidad, el pasado 29 de septiembre el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo realizó el juicio oral y público correspondiente a la causa 84 de 2025 contra los acusados Daima Rodríguez Núñez y Carlos Díaz González. Los individuos fueron procesados por los presuntos delitos de “corrupción de personas menores de edad, otros actos contrarios al desarrollo integral de las personas menores de edad y abusos sexuales”. Las pruebas del caso demostraron que la acusada, madre biológica y tutora legal de cuatro niñas (10 años, siete años, cuatro años y un año de edad), no llevaba a sus hijas a la escuela “por prolongados períodos de tiempo; no las alimentaba adecuadamente”; y no las trasladaba al médico cuando requerían atención especializada. “Con frecuencia se retiraba del inmueble donde residía y dejaba a sus hijas solas por prolongados espacios de tiempo, incluyendo la noche y la madrugada”, señala la nota. https://www.cubanet.org/ratifican-sentencia-de-nueve-anos-de-prision-para-activista-manuel-santana-vega/ Daima y su pareja Carlos obligaban a las niñas deambular en las calles, en cualquier horario, para pedir alimentos y dinero a vecinos y personas desconocidas. El dinero que obtenían, los acusados lo empleaban en el consumo de bebidas alcohólicas. Además, Carlos abusó sexualmente de la pequeña de siete años, acto que la madre permitió. Por todo lo anterior, el Tribunal impuso 8 años de privación de libertad a Daima Rodríguez Núñez y 10 años de privación de libertad a Carlos Díaz González. Ambos recibieron sanciones accesorias que les prohíbe abandonar Cuba y a la madre le fueron suspendidos sus derechos paternos filiales. Las condenas de ambos sujetos, derivadas de una larga lista de agravantes, contrastan con la severidad de aquellas aplicadas a manifestantes pacíficos en la Isla. Desde las masivas protestas del 11 y 12 de julio de 2021 (11J), las autoridades del régimen cubano han apresado a cientos de manifestantes pacíficos e incluso testigos pasivos, fabricándoles delitos que los obliguen a padecer entre cuatro y hasta 15 o más años de prisión política. Condenas desproporcionadas e injustas Un ejemplo claro fue la represión de las protestas populares ocurridas los días 19 y 20 de agosto de 2022 en Nuevitas, por los apagones de hasta 18 horas, una de las mayores registradas contra las autoridades cubanas después del 11J. En esa fecha los pobladores de esa localidad, hartos de los apagones, se manifestaron a gritos de “Libertad” y la conga de “Pongan la corriente pin…”. A finales de abril de 2024 la condena a trece manifestantes de Nuevitas fue dada a conocer. Las penas dictadas por el régimen oscilaron entre los ocho y hasta los 15 años de prisión. Mayelín Rodríguez Prado, quien recibió la sentencia más alta de 15 años, fue acusada de “propaganda enemiga de carácter continuado” y “sedición”. Vale recordar que Mayelín Rodríguez Prado (alias La Chamaca), fue quien transmitió en vivo las protestas populares ocurridas en Nuevitas y grabó cómo los represores de las protestas daban una golpiza a dos niñas de once años. Rodríguez Prado estuvo varios días en paradero desconocido tras las manifestaciones. José Armando Torrente Muñoz fue sentenciado a 14 años de prisión por delitos similares, mientras que otros manifestantes enfrentan penas de hasta 13 años por cargos que incluyen “sedición”, “atentado”, “resistencia” y “sabotaje”. Yennis Artola Del Sol fue condenada a ocho años de prisión simplemente por tomar una fotografía a un cartel que decía “Patria y Vida”. Por ello ha sido acusada de “propaganda enemiga de carácter continuado”. Y Wilker Álvarez Ramírez a cuatro por “encubrimiento”. Este tipo de condenas reflejan la continua represión del Gobierno cubano contra aquellos que buscan ejercer sus derechos fundamentales y expresar su descontento. https://www.cubanet.org/sentencias-de-hasta-15-anos-para-manifestantes-de-nuevitas/ Poco después de conocerse la decisión de los tribunales castristas, la Unión Europea (UE) expresó su rechazo a las “duras y desproporcionadas” sentencias dictadas. Según declaraciones de Peter Stano, portavoz del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, la UE “expresa su preocupación” por las condenas severas e injustas impuestas en relación con las protestas de Nuevitas. En la red social X, Stano reiteró el compromiso de la UE con el diálogo constructivo pero crítico con las autoridades cubanas, y en este sentido, instó de nuevo al gobierno a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. También el subsecretario de Estado para el hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, denunció las sentencias impuestas de hasta 15 años de cárcel impuestas a los manifestantes de Nuevitas. Al hacerlo, Nichols se refirió a las sanciones como indignantes e inconcebibles. En sus declaraciones el subsecretario de Estado también expresó: “La continua represión del Gobierno cubano contra los cubanos que se esfuerzan por cumplir con sus derechos y necesidades básicas es inconcebible”.

octubre 20, 2025

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