LA HABANA, Cuba. – En días pasados quedó constituida la Comisión Nacional de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la que será coordinada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz.
Según los gobernantes cubanos, esta comisión, que tendrá estructuras a nivel municipal, provincial y nacional, debe garantizar el derecho de los ciudadanos a la alimentación, así como mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales. De igual manera, su creación está en sintonía con el discurso oficialista que clama por aumentar la producción nacional de alimentos y disminuir las importaciones de esos renglones.
Con vistas a evitar la repetición de informes triunfalistas que en la práctica no solucionan la crisis alimentaria que padece la población, el señor Marrero apuntó: “No habrá espacio para discursos, promesas y resultados en números, que el pueblo no los vea en la mesa”.
Sin embargo, la realidad indica que el nacimiento de esta comisión ha tenido lugar en un contexto nada favorable. Porque en una videoconferencia efectuada por estos días con los gobernadores provinciales, y dirigida igualmente por Marrero Cruz, trascendió que el famoso proyecto de entregar 30 libras de viandas per cápita al mes ―algo que nunca pudo lograr su impulsor, el defenestrado exministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero― no acaba de estabilizarse. Como tampoco se consigue distribuir en igual lapso los cinco kilogramos de proteínas a partir del ganado menor.
En la citada videoconferencia, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca se encargó de ofrecer otras malas noticias a los gobernadores. Les comunicó que la entrega de tierras en usufructo, una acción vital para sacarles el máximo provecho a las tierras con que cuenta el país, no marcha al ritmo que se necesita. Al mismo tiempo, la deuda que tiene el Estado con los campesinos productores sigue siendo millonaria.
Pero más allá de lo que se dijo en la videoconferencia ―ya de por sí de tono muy desfavorable para los intereses del régimen―, las cifras productivas que reportan las estadísticas oficiales no son nada halagüeñas.
Según el Anuario Estadístico de 2021, de 18 renglones agrícolas seleccionados, 14 decrecieron ese año con respecto a 2020. Son estos la papa, la malanga, el plátano fruta, la cebolla, el arroz, el maíz, los frijoles, el tabaco, las naranjas, la toronja, la guayaba, el mango, la frutabomba y el cacao. Solo se lograron ligeros crecimientos en el boniato, el plátano vianda, el tomate y el limón.
A lo anterior hay que añadir las restricciones que imponen las autoridades en el proceso de comercialización de estas producciones. Con frecuencia obligan a los productores a vender la mayor parte de sus producciones a las empresas comercializadoras del Gobierno, las que muchas veces incumplen sus obligaciones, no recogen los productos, y se echan a perder muchas viandas, frutas y vegetales que necesita la población.
El vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa ―también presente en la videoconferencia―, tras lamentar que muchos municipios del país, cuyo recurso fundamental es la tierra, no logren el autoabastecimiento en granos, frutas, hortalizas y viandas, aseveró: “En cada uno de estos municipios hay decenas de técnicos e ingenieros agrícolas; tienen fuerza calificada para producir más comida, pero no se logra”.
Habría que expresarle al señor vicepresidente y a la comisión que encabeza Marrero Cruz que la comida no se produce solo por la calificación de los productores, sino por el ambiente de libertad y autonomía con que produzcan y comercialicen, así como el estímulo que reciban por parte de las autoridades.
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