HARRISONBURG, Estados Unidos. ─ Durante el primer semestre de 2021 las protestas ciudadanas fueron reiteradas y mucho más visibles gracias al uso de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, pero indudablemente el clímax de la indignación popular se alcanzó el 11 de julio.
Entre los añadidos que han tenido los últimos acontecimientos en Cuba, desde ese día hasta hoy, está la constatación de la esencia cruel del castrismo, afiliado estrechamente a prácticas impuestas por la metrópoli española.
Después del 11 de julio si alguien afirma que en Cuba no hay una dictadura seguramente lo hará por apego a su filiación política, pero en ningún caso podrá hacerlo por ingenuidad.
La masividad y extensión de las protestas obligó a la dictadura ─una vez dada la orden de combate por el señor Díaz-Canel─ a militarizar las calles y revelar sin recato su rostro miserable y violento. Ciertamente, la represión pudo lograr la disminución paulatina de las protestas hasta eliminarlas, pero con un costo político muy grande.
Es de esperar que luego de la represión practicada ─en algunos casos muy bien documentada─ y del posterior proceso de hostigamiento, detenciones y juicios arbitrarios a que han sido sometidos los participantes en las protestas y sus familiares, a ningún geniecillo de última hora que llegue a alcanzar notoriedad en los medios se le ocurra cuestionar que en Cuba padecemos una dictadura de la peor ralea.
Hasta no hace mucho eran poquísimos los colegas que llamaban al régimen por su nombre. Incluso, la palabra “régimen” todavía era cuestionada por no pocos intelectuales, como si Cuba tuviera un gobierno designado democráticamente por el pueblo. Haber empleado el término dictadura en mis artículos provocó citaciones y amenazas por parte de la Seguridad del Estado.
Una vez me percaté que era dictadura el vocablo adecuado para calificar a la nomenclatura comunista no pude usar otro, pues todos me parecían desacertados. Cierto es que la verdad quema, pero una vez aferrados a ella no podemos despegarnos de su luz y entonces todas las consecuencias se vuelven soportables.
Por muy dura que resulte la palabra para algunos, entre ellos el señor gobernante Miguel Díaz Canel Bermúdez, en nuestro país ha habido una dictadura comunista desde el 1ro de enero de 1959. Lamentablemente han tenido que transcurrir más de seis décadas para que esa verdad vaya obteniendo cada vez más aceptación y para que se entienda que la traición consumada por Fidel Castro ha sido una de las estafas políticas más grandes de todo el siglo XX y de lo que va del XXI.
Aunque es loable que el 11 de julio haya servido para eso y haya demostrado la necesidad de la adopción de nuevas tácticas de lucha que destierren para siempre la ingenuidad y la indiscreción, resulta doloroso que decenas de miles de cubanos hayan tenido que sufrir fusilamientos, juicios espurios, cárceles prolongadas y exilio para que la idea de que Cuba es una dictadura comience a establecerse.
Recientemente salió de la prisión de máxima severidad de Agüica, en Matanzas, el preso político Armando Trujillo González, quien cumplió íntegramente los tres años de privación de libertad que le impuso el Tribunal Municipal de Jovellanos por la presunta comisión de un delito de Robo con Fuerza en las Cosas ocurrido… ¡en un basurero!
El opositor entró a la cárcel con 289 libras de peso a la cárcel y salió pesando 170, muestra evidente del deterioro físico resultante del confinamiento.
Y es que en las cárceles castristas se usan métodos de sometimiento y hasta torturas psíquicas y físicas tendentes a anular la voluntad de los sancionados. Entre ellos está el suministro deliberado de una deficiente alimentación ─que ahora las autoridades carcelarias quizás justifiquen debido a la crisis que vive el país─, algo que forma parte del arsenal represivo del sistema penitenciario cubano.
En la medida en que ha transcurrido el tiempo hemos podido conocer los testimonios sobre los abusos cometidos en las unidades policiales y centros de interrogatorio contra los detenidos en las protestas. Golpizas, lesiones, amenazas y remisiones a celdas de castigo a quienes no se doblegan, y hasta la deportación forzosa al más puro estilo colonial, cuyos últimos ejemplos son los de los de los periodistas Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés, han sido prácticas cotidianas desde el 11 de julio, aunque, reitero, eso no es nuevo: viene sucediendo desde el 1ro de enero de 1959, con la diferencia de que durante un largo lapso, como afirmó Néstor Almendros en su antológico documental, “nadie escuchaba”.
Todavía hoy la escucha de los organismos internacionales y de muchos gobiernos del mundo sobre los casos anteriormente mencionados parece tener dificultades, quizás se trate de una sordera cómplice.
En medio de esta coyuntura extremadamente cruel quizás la dictadura trate de obtener ganancias. La próxima puesta en vigor de la nueva legislación penal abre la remota posibilidad de que otorgue una amnistía con el objetivo de atenuar la ola de descrédito en que está sumida y disminuya la presión internacional que recibe, insuficiente dada la magnitud y constancia de sus abusos, pero que aún así le resulta necesario disminuir para continuar recibiendo préstamos, ayudas y regalías que le permitan paliar la crisis general que padece el país.
Espero que entonces no vuelva a surgir otro geniecillo en nuestro variable escenario político para afirmar que en Cuba no hay una dictadura y que el problema fundamental radica en el levantamiento del embargo.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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