MIAMI, Estados Unidos. — El régimen cubano aseguró este miércoles que el fondo inversor CRF-I, que acusa a La Habana por el impago de 72 millones de euros, no adquirió la deuda “de manera legal”.
Según un reporte de la Agencia EFE, fue la presidenta del Banco Nacional de Cuba (BNC), Joscelín Río Álvarez, quien dijo en la vista oral que CRF- I no procedió conforme a lo que dicta la legislación del país caribeño y que, por tanto, su condición de acreedor no consta en los registros del BNC.
El argumento ofrecido por Río Álvarez constituye la principal baza del régimen de la Isla para desmontar la demanda de CRF-I, un fondo inversor constituido en 2009 en las islas Caimán al cual las autoridades cubanas han denominado “fondo buitre”.
El demandante ha reclamado al Banco Nacional de Cuba, prestatario del dinero adeudado, y al gobierno de Cuba en condición el garante, el pago de obligaciones por 72 millones de euros derivadas de contratos de préstamo con bancos europeos suscritos en los años ochenta del pasado siglo.
La Agencia EFE destaca que, ante esta situación, la jueza Sara Cockerill, de la división Comercial del Tribunal Superior de Londres, “debe determinar primero en un proceso de varios días si el grupo inversor es o no un acreedor legítimo de Cuba, o si, por el contrario, es “un ´fondo buitre´ constituido solo para acumular deuda cubana impagada y forzar su cobro en los tribunales”.
La actual presidenta del Banco Nacional de Cuba, que asumió el cargo en mayo de 2020, sentenció que el CRF-I no está registrado en el BNC como acreedor (solo su solicitud). La entidad estatal precisó, además, impugnó una asignación de ese estatus autorizada el 25 de noviembre de 2019 por el funcionario Raúl Olivera Lozano, “hoy convicto por haber aceptado un soborno de agentes del fondo y violado los procedimientos”, añade EFE.
En la jornada de ayer, durante la segunda jornada del juicio desarrollado en Londres, CRF-I acusó al régimen cubano de “fabricar pretextos” para no reconocerlo como acreedor y evadir el pago de la deuda de 72 millones de euros.
“El abandono en el último momento de las acusaciones de soborno es un reconocimiento tardío de que esas alegaciones extremadamente graves contra Gordhandas y Stevenson no tenían fundamento”, expuso Jawdat Khurshid, abogado de la parte demandante.
En ese sentido, el jurista advirtió a la magistrada que los argumentos expuestos por el régimen cubano para frenar la demanda deben ser tomados con “cautela y escepticismo”.
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