“Receptación”: otro delito común usado contra los activistas de la UNPACU
La Seguridad del Estado suele fabricar presuntas causas sin trasfondo político contra activistas y opositores cubanos, una estrategia para negar los más de 130 presos políticos de la Isla
SANTIAGO DE CUBA.- Este lunes fueron liberados bajo fianza de 1000 pesos los activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotores de Cuba Decide Fernando González Vaillant y Roilán Zárraga Ferrer, tras 72 horas de arresto.
Ambos opositores fueron detenidos el pasado jueves cuando se dirigían a la sede principal de la organización, ubicada en el reparto Mármol de Santiago de Cuba. Fueron interceptados en la calle por agentes de la Seguridad del Estado, trasladados a una unidad policial e incomunicados durante el arresto.
En el momento de la detención, los opositores llevaban consigo 10 libras de pollo, destinadas a la alimentación de los activistas que pernoctan en la sede de la UNPACU y a los vecinos más necesitados de la comunidad, como parte el proyecto social que desarrolla el grupo opositor.
La Policía decomisó los alimentos y más adelante acusó a los opositores del presunto delito de “receptación”.
Actualmente, González Vaillant y Zárraga Ferrer cumplen sendas condenas de prisión domiciliaria por tres años y siete meses, y cuatro años y medio, respectivamente.
Los dos activistas fueron detenidos el primero de octubre de 2019, junto al líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y el activista José Pupo Chaveco. Los enjuiciaron el 26 de febrero de 2020 y poco después los condenaron a cumplir el resto de sus penas bajo arresto domiciliario.
La acusación por “receptación” podría complicar aún más la situación “legal” de ambos opositores. La ley No. 62 del Código Penal cubano, en su artículo 338.1, prevé tanto sanciones administrativas como penales de tres meses y hasta cinco años de privación de libertad para quien incurra en este delito.
Si bien es cierto que esta y otras acusaciones en contra de actores sociales tienen claros móviles políticos, el régimen utiliza estos ardides legales para fabricar causas comunes contra los opositores y encarcelarlos.
Recientemente el activista Jesús Sánchez Romero, de UNPACU, fue acusado por el mismo delito de “receptación”.
En su caso, fue detenido en una cola para comprar productos de aseo en una tienda en Santiago de Cuba. Al mismo tiempo, le asaltaron su vivienda y le confiscaron varios paquetes de detergente y algunos nasobucos. Por tal motivo fue multado y acusado de “receptor”.
Decreto-Ley 370
Igualmente detenido y multado pero en virtud del Decreto-Ley 370, resultó en Camagüey otro miembro de UNPACU, Adrián Quesada Flores.
El pasado sábado, el jefe de sector y dos oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo interceptaron a la salida de su vivienda, alrededor de las 7:00 de la mañana, y lo trasladaron a la Primera Unidad Policial de la provincia, conocida como Avellaneda.
Al llegar al cuartel, Quesada Flores se encontró con agentes de la Policía política y un inspector del Ministerio de las Comunicaciones (MICOM), quienes le impusieron una sanción de 3000 pesos (120 dólares) por sus publicaciones “contrarias al sistema” en Facebook.
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