MIAMI, Estados Unidos. – Varias organizaciones de la sociedad civil cubana e internacional, encabezadas por el Centro de Información Legal Cubalex y el grupo de trabajo Justicia 11J, presentaron este jueves el informe “Un año sin justicia: Patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J”.
En general, el informe describe y analiza los patrones represivos desarrollados por el Estado cubano como parte de su respuesta a las protestas del 11J. Fue realizado a partir de la sistematización de información sobre detenciones y procesos administrativos y penales iniciados contra los manifestantes.
Durante la presentación, la directora de Cubalex, Laritza Diversent, aseguró que las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 marcaron un hito en la historia de Cuba y han generado un aumento desproporcionado de la represión en la Isla.
Por su parte, la activista Salomé García Bacallao, de Justicia 11J, recordó que hasta hoy se registran 1 484 detenciones vinculadas con las históricas protestas y dijo que 701 personas continúan en prisión.
Tras repasar los hitos represivos del 11J, García Bacallao se refirió a las conclusiones del informe, que solicita a la comunidad internacional denunciar la represión en Cuba, exigir la liberación de los presos políticos y el acceso de las víctimas a la justicia internacional, así como la imposición de sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos, entre otras.
Juan Pappier, investigador sénior de Human Rights Watch, expresó que el informe elaborado por Cubalex y Justicia 11J trazaba “una excelente radiografía de la represión en la Isla”, la cual se encuentra en “uno de sus peores momentos con respecto a los derechos humanos.
El informe “Un año sin justicia: Patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J” se presentó en el marco del primer aniversario del 11J. En la sesión también participaron Gerardo Berthin, vicepresidente de Programas Internacionales de Freedom House; Alessandra Pinna, directora de Programas para América Latina y el Caribe, también de Freedom House; Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional; y Giselle Morfi Cruz, abogada de Cubalex.
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