MIAMI, Estados Unidos. – Un informe largamente esperado de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre lo que el régimen chino denomina Región Autónoma Uigur de Xinjiang concluyó que se han cometido “graves violaciones de los derechos humanos” contra los uigures y “otras comunidades predominantemente musulmanas”.
El informe fue publicado este miércoles, último día en funciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La investigación, que tomó más de un año, concluye que “las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluidos los tratamientos médicos forzados y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género”.
La Oficina indica que el alcance de las detenciones arbitrarias contra los uigures y otras personas, en el contexto de “las restricciones y la privación más general de los derechos fundamentales, disfrutados individual y colectivamente, pueden constituir crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad”.
Además, el informe señala que las políticas del Gobierno chino en la región han “trascendido las fronteras”, separando a las familias, “cortando” los contactos y produciendo “pautas de intimidación y amenazas” contra la diáspora uigur más amplia que ha denunciado las condiciones en su país.
La Oficina de la Alta Comisionada también indicó que el Gobierno chino “tiene el deber primordial de garantizar que todas las leyes y políticas se ajusten al derecho internacional de los derechos humanos y de investigar sin demora cualquier denuncia de violación de los derechos humanos, de garantizar la rendición de cuentas de los autores y de ofrecer reparación a las víctimas”.
Entre las recomendaciones que la oficina de derechos de la ONU hace en el informe, está la de que el gobierno tome “medidas rápidas” para liberar a todas las personas encarceladas arbitrariamente en la provincia de Xinjiang, ya sea en campamentos o en cualquier otro centro de detención.
Por otro lado, pide al Gobierno chino que comunique a las familias el paradero de todas las personas que han sido detenidas, facilitando su ubicación exacta, y ayude a establecer “canales seguros de comunicación” que permitan que las familias se reúnan.
Por su parte, el régimen chino no tardó en responder al informe y dijo que las autoridades de la región de Xinjiang actúan según el principio de que todos son iguales ante la ley, “y la acusación de que su política está ‘basada en la discriminación’ carece de fundamento”.
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