LA HABANA, Cuba. – Prisoners Defenders (PD) ha registrado 805 presos políticos en Cuba en los últimos 12 meses. Desde diciembre de 2020, cuando se contaban 134 reos por razones políticas, y hasta fines de noviembre de 2021 han ingresado al listado 671 nuevos casos, que suman actualmente un total de 712 en prisión, la mayoría de ellos (562) detenidos desde el 11 de julio (11J) del presente año.
No obstante, PD resalta que la cifra de presos políticos desde el 11J es aún inferior al 35% respecto al total generado por la ola represiva, “pues resulta del todo imposible conocer los casos entre la población”.
A inicios del mes de octubre del presente año, PD anunciaba una cifra récord de presos políticos (525). No obstante, a medida que pasan las semanas y la organización va accediendo a los familiares de las víctimas, aumenta la cifra.
De los casos que están siendo procesados penalmente, 23 son menores de edad (entre 14 y 17 años, durante la detención). Para ellos las peticiones fiscales han sido de numerosos años en prisión. Asimismo, la media de edad de los manifestantes del 11J detenidos es de 34 años, un número “muy por debajo del perfil demográfico de Cuba, uno de los países de mayor envejecimiento poblacional del mundo”, refiere PD.
La ONG con sede en España resalta varios casos de presos políticos cuya situación es de las más delicadas, entre ellos la del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Daniel Ferrer García, quien permanece confinado en celda de castigo desde hace más de 149 días, con una bombilla luminosa encendida las 24 horas del día, sufriendo ataques sónicos que describe como “sonidos de grillos”, intensos dolores de cabeza, sangrado bucal, falta de aire y pérdida de la visión. Además, fuentes cercanas a él han denunciado que se encuentra sometido a una pésima alimentación, sin asistencia médica y sin ver la luz del sol.
El caso del también presidente del Consejo para la Transición a la Democracia y del Partido del Pueblo ha sido denunciado por varias ONG internacionales de derechos humanos e instituciones como el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el Comité para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo.
“La situación actual tiene la gravedad de que se está atentando contra la vida de una persona ejemplar, defendida y admirada por el mundo entero, respaldada por todas las más prestigiosas instituciones, y se está haciendo sin recato alguno y con un macabro sadismo que posee el marchamo de represión que el régimen cubano logró exportar a Venezuela y Nicaragua”, señala PD.
Por su parte, el caso de la prisionera política Aymara Nieto Muñoz, miembro de las Damas de Blanco, es igualmente preocupante. “Su situación es paupérrima y está sufriendo un calvario de encierro donde la tortura es permanente, y donde muy habitualmente se encuentra en celda de castigo e incomunicada”. Se halla sin asistencia médica y a más de 600 km de su familia, recurso empleado por los órganos represivos contra opositores como forma de castigo. En dos años ha visto a sus dos hijas menores y a su esposo en una sola ocasión.
Mientras, Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo) se encuentra encarcelado desde el mes de mayo de 2021 y fue objeto de desaparición forzada en el proceso de detención. Asimismo, fue alejado de su familia y ha mantenido ayunos y huelgas de hambre y sed para reclamar sus derechos. Recientemente el rapero contestatario comenzó a presentar síntomas alarmantes de deterioro grave de su salud.
El artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, arrestado el 11J, ha pasado numerosos días en celdas de castigo y en situación de incomunicación y aislamiento.
Tanto Maykel Osorbo como Otero Alcántara se han negado a aceptar el destierro como condición para ser liberados.
A más de un año de su detención, Luis Robles continúa en prisión, “sufriendo torturas, vejaciones, aislamiento y celda de castigo, así como violaciones procesales de toda índole”, asegura PD. Ello fue analizado por el Comité para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que, el 10 de septiembre último, denunció la detención ilegal y arbitraria del joven.
PD resaltó además la situación de Andy Dunier García Lorenzo, detenido violentamente el 11J en Santa Clara por manifestarse de manera pacífica. El joven de 23 años ha desarrollado al menos dos huelgas de hambre en protesta por la violación de sus derechos y los del resto de los presos. La petición fiscal en su contra es de siete años de privación de libertad por los supuestos delitos de “desórdenes públicos” y “desacato”. Recientemente, su familia denunció que se encontraba “desaparecido” y exigió una fe de vida del joven.
Como cada mes, PD reconoce además a otros 11 000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras con penas medias de dos años y 10 meses de cárcel por cargos denominados en el Código Penal como “pre-delictivos”.
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