MADRID, España.- El 30 de junio de 1989 comenzó en Cuba el juicio que condenaría a la pena de muerte a Arnaldo Tomás Ochoa Sánchez, General de División de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); Antonio (Tony) de la Guardia, coronel del Ministerio del Interior (MININT); Jorge Martínez Valdés, capitán de las FAR; y Amado Padrón Trujillo, mayor del MININT.
Estos cuatro hombres y otros diez, acusados de narcotráfico y “alta traición a la patria y la Revolución”, fueron juzgados por un tribunal presidido por el general de brigada Juan Escalona Reguera y compuesto por generales de las FAR, en un juicio emitido durante un mes por la Televisión Cubana tras una minuciosa edición.
Según las autoridades cubanas, Ochoa y los otros 13 acusados estaban relacionados con narcotraficantes internacionales y se dedicaban a traficar de manera ilícita con cocaína, diamantes y marfil; utilizando el espacio aéreo y las aguas cubanas.
El 14 de junio de 1989, para asombro de los cubanos, el periódico oficialista Granma había anunciado: “Nos vemos en el desagradable deber de informar que el General Arnaldo Ochoa Sánchez, quien ha recibido del Partido y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias importantes responsabilidades y honores, ha sido arrestado y sometido a investigaciones por graves hechos de corrupción y manejo deshonesto de recursos económicos”.
Un mes después, el 13 de julio de 1989, con el cierre del caso, “la causa número 1 de 1989”, fue fusilado en La Habana Arnaldo Ochoa, quien había pertenecido a la Columna 2 bajo las órdenes de Camilo Cienfuegos durante la lucha contra Fulgencio Batista. Ochoa participó además en los combates de Bahía de Cochinos en abril de 1961. Estuvo en Playa Girón durante la Crisis de los Misiles. Había sido proclamado por Fidel Castro Héroe de la República de Cuba
Junto a Arnaldo Ochoa fueron fusilados Tony de la Guardia, Jorge Martínez Valdés y Amado Padrón Trujillo.
El delito de tráfico de drogas imputado a los acusados según el artículo 190, incisos 1, 3 y 4 del Código Penal cubano vigente en 1989, no preveía la pena de muerte. La sanción máxima era de 15 años de privación de libertad.
El periodista Pablo Socorro, quien estuvo entre los escogidos por el régimen para cubrir el juicio, reveló años más tarde que los apuntes de la prensa sobre el proceso eran revisados y editados al terminar cada sesión.
Socorro, que era reportero de la Agencia de Información Nacional (AIN), explicó que entre los sucesos editados del juicio estuvieron declaraciones sobre que el alto mando del Gobierno cubano estaba al tanto de estas operaciones de narcotráfico, así como la revelación por parte del acusado Eduardo Izquierdo de que había recogido en Varadero al narcotraficante colombiano Pablo Escobar para llevarlo a una casa de protocolo en La Habana.
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