MIAMI, Estados Unidos.- La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), con sede en Miami, se unió este lunes a la petición de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) para que Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se pronuncien sobre la injusta condena de la expresidenta Jeanine Áñez, la cual responde a objetivos políticos.
La UPLA, en representación de 26 partidos y fuerzas políticas democráticas, de 20 países, considera que se ha vulnerado el debido proceso en el caso de la expresidenta y que se ha intentado desconocer el carácter constitucional del gobierno de transición encabezado por Áñez en el 2019.
Tras conocerse que Áñez fue condenada por un tribunal boliviano a 10 años de prisión, la UPLA expresó su extrema preocupación por la sentencia.
“Esta resolución pretende desconocer el carácter constitucional del gobierno de transición liderado por la ex presidente Áñez, reconocido por la comunidad internacional, que permitió a Bolivia superar la grave confrontación y violencia derivadas del fraude cometido en las elecciones de octubre de 2019 y convocar a nuevas elecciones que permitieron restablecer su institucionalidad democrática”, reza el comunicado.
La Unión de Partidos Latinoamericanos asegura que esta condena “no es más que un acto de persecución política en contra de la ex presidente, con la que se pretende amedrentar el accionar democrático de las fuerzas opositoras al actual gobierno”.
En entrevista exclusiva con CubaNet, la hija de la ex presidenta boliviana aseguró que el proceso contra su madre ha sido ilegal de principio a fin, incluso “le han negado estar presente en su propio juicio, no hubo un juez natural, no hubo un debido proceso e investigación fiscal transparente e idónea, no hubo presunción de inocencia. Hay declaraciones públicas de ministros y viceministros presionando a jueces y fue un juicio express, que duró sólo tres meses, con audiencias maratónicas y eliminando pruebas”.
Carolina Ribera Áñez aseguró que “mi madre sufre un infierno judicial, una tortura judicial que enfrenta a juicios tanto por la vía ordinaria, como si ella fuera una ciudadana común”, y que mantenerla detenida “en este encierro injusto, inhumano e ilegal, es lo más nefasto que hemos vivido en Bolivia a lo largo de nuestra historia”.
“Están matando a mi madre. Por eso les pido a todos ustedes que se unan a nuestra voz, que hagan pronunciamientos, que hagan manifestaciones para pedir por la vida y la seguridad no solamente de mi madre, sino de todos los presos políticos en Bolivia y que ya no haya más familias destruidas por este abuso que estamos viviendo, por este abuso de poder de un gobierno abusivo y totalitario. Un gobierno que realmente no le importa la vida de los bolivianos sino de mantenerse ellos en el poder”, agregó.
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