MIAMI.- La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó que no se descarta enviar a la Base Naval de Guantánamo a inmigrantes que no hayan cometido delitos violentos, asegurando que las instalaciones cumplirán con los requisitos.
“Tendremos instalaciones que cumplirán con los mismos estándares de otras instalaciones de detención en Estados Unidos y no creo que el presidente vaya a atarse las manos en cuanto a lo que debe hacer para garantizar la seguridad de EEUU”, comentó a CNN.
A inicios de mes, la administración del presidente Donald Trump comenzó a trasladar migrantes indocumentados a la Base Naval de Guantánamo, Cuba, como parte de una política migratoria más estricta.
El primer grupo de migrantes, compuesto por diez hombres venezolanos presuntamente afiliados a la banda criminal Tren de Aragua, fue trasladado el 4 de febrero desde El Paso, Texas, a Guantánamo en un avión militar.
A finales del mes pasado, Trump firmó un memorando para preparar instalaciones en Guantánamo con el objetivo de albergar a migrantes deportados. Durante la firma de la Ley Laken Riley, el mandatario defendió la medida alegando que contaba con “30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales ilegales que amenazan al pueblo estadounidense”.
Trump sobre quiénes irían para Guantánamo, indicó: “algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, no queremos que regresen, así que los vamos a enviar a Guantánamo”.
Aunque las autoridades estadounidenses han asegurado que la estadía en la Base Naval de Guantánamo es temporal, no se ha especificado qué tiempo mantendrán a los detenidos allí.
Según el Departamento de Defensa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene en la base a estos individuos mientras se determina si serán deportados a Venezuela o enviados a otro destino.
Es la primera vez que el centro de detención se utiliza para retener a personas no sospechosas de estar asociadas con delitos de terrorismo.
Esta política forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para intensificar las medidas contra la inmigración ilegal, incluyendo la expansión de instalaciones de detención y la implementación de acuerdos bilaterales para facilitar la repatriación de ciudadanos irregulares.
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