MIAMI, Estados Unidos ― Amnistía Internacional pidió la libertad inmediata e incondicional de Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, matrimonio de líderes yorubas encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. La organización lanzó una acción urgente fechada este 28 de octubre y dirigida a Miguel Díaz-Canel.
La propia Pérez Paseiro había denunciado desde la cárcel que ambos están gravemente enfermos y que la Seguridad del Estado los presiona para que se vayan de Cuba.
“Tanto ella como su esposo deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones y recibir atención médica adecuada”, publicó la ONG.
Amnistía pidió además que la pareja reciba reparación por las violaciones de derechos humanos que ha sufrido, “incluida la discriminación racial y religiosa de que han sido objeto”.
La denuncia de Pérez Paseiro llegó a la organización en un mensaje de audio que un familiar compartió a principios de octubre. En él cuenta que ni ella ni su esposo reciben en prisión la medicación, la atención médica y la alimentación que necesitan, y que agentes de la Seguridad del Estado los presionan para que abandonen el país. También describe el daño que el encierro causa a la salud física y mental de su familia, incluidos sus hijos. Según el mismo audio, ella está en la prisión de mujeres de Santa Clara y él, en la de hombres.
El 13 de octubre, la presa política identificó ante Martí Noticias a dos de esos agentes, “Arturo” y “Christopher”. Según Pérez Paseiro, ambos contactaron a su esposo para exigir que llegaran desde el extranjero los documentos que permitirían la salida del matrimonio, sin importar qué país los reciba. “Creo que les urge enormemente que seamos exiliados de nuestra patria”, afirmó.
La pareja habría preferido quedarse en Cuba. Jorge Luis García Pérez, Antúnez, exprisionero político y hermano de Hernández García, dijo ese mismo día a Martí Noticias que el deterioro de su salud y las condiciones de reclusión los llevaron a aceptar el exilio. “Las condiciones abyectas que enfrentan los hacen haber tomado la determinación de optar por el exilio”, señaló.
Antúnez dijo también a Diario Las Américas que espera conseguir un visado humanitario en las próximas semanas.
El 27 de octubre, Antúnez aseguró que la policía política mantiene la presión. “Les dicen que la única manera en que ellos pueden recuperar su libertad es abandonando el país. Cualquier país que les dé una visa, ellos dicen que acceden a ponerlos en libertad de manera inmediata”, declaró.
La familia ha hecho gestiones ante varias cancillerías latinoamericanas y llevó el caso a la Embajada de EE.UU. en Cuba, pero no sabe en qué punto están esas solicitudes, según el expreso político.
Pérez Paseiro preside la asociación Yorubas Libres de Cuba y Hernández García es su vicepresidente. Él fue detenido el 15 de julio de 2021 y ella, al día siguiente. En febrero de 2022, el Tribunal Municipal Popular de Santa Clara los condenó por “desorden público” y “desacato”: a él, a siete años de prisión; a ella, a ocho, porque sumó una condena por “atentado” contra un funcionario.
Amnistía, que tuvo acceso a la sentencia, sostiene que ambos fueron juzgados sin las debidas garantías junto con otros 14 manifestantes, que contra Pérez Paseiro no había acusaciones concretas por el atentado y que los jueces se basaron casi solo en testimonios de policías.
Amnistía los reconoció como presos de conciencia el 21 de junio de 2023, en su primera acción urgente sobre el caso.
El 6 de febrero de 2026, la organización alertó de que las enfermedades crónicas graves de Hernández García habían empeorado en prisión y de que las autoridades demoraban los beneficios penales por motivos de salud, aunque médicos del propio sistema penitenciario habían confirmado la gravedad de su estado. En ese comunicado también denunció que Pérez Paseiro padece dolores óseos crónicos sin atención médica adecuada y sufre restricciones injustificadas al contacto con sus hijos.
Pérez Paseiro ya había salido una vez de la cárcel. En enero de 2025 fue excarcelada con libertad condicional, dentro de las liberaciones anunciadas por La Habana tras sus negociaciones con el Vaticano. En junio de ese año, el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara revocó el beneficio y la devolvió a prisión por “el incumplimiento de las obligaciones esencialmente en el ámbito laboral y por no acudir a la citación del juez de ejecución”, según su comunicado.
En su informe anual 2025/26, Amnistía atribuyó la revocación a una represalia por su activismo político y su trabajo de derechos humanos.
