MIAMI, Estados Unidos ― El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) denunció este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las cárceles cubanas conceden o niegan a discreción las visitas familiares, de las que dependen las presas para comer y medicarse, y las usan como castigo.
Camila Rodríguez, directora del CDPC, presentó el caso cubano en la audiencia regional sobre la situación de las mujeres privadas de libertad, celebrada en Ciudad de Panamá dentro del 197 Período de Sesiones de la CIDH. En la misma sesión intervinieron organizaciones de México, Guatemala y Colombia, además de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Buena parte de lo que una mujer necesita para sobrevivir en prisión no lo pone el Estado, lo pone su familia”, dijo Rodríguez. La comida que completa la ración, los medicamentos y los productos de higiene entran con las visitas, explicó, y quienes los llevan son casi siempre madres, hermanas e hijas, que además se quedan a cargo de los hijos de la presa.
Según Rodríguez, el mismo Estado que deja en manos de las familias el sostenimiento de las reclusas controla a discreción ese canal y lo convierte en un instrumento de control.
En 2025, a una madre se le impidió ver a su hija, presa política, al menos nueve veces, por llegar vestida de blanco o con el pretexto de un brote de chikungunya, contó Rodríguez ante la Comisión. En enero de 2026, el CDPC documentó que la confiscación de medicamentos llevados a una visita terminó con la cancelación del contacto familiar. A otras mujeres, agregó, las han amenazado con quitarles la custodia de sus hijos.
En abril, una reclusa fue llevada a una celda de castigo tras un altercado con una oficial y horas después apareció muerta, según la directora del CDPC. Su familia cuestiona la versión oficial de que se quitó la vida, y el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal sin presencia de familiares. En septiembre, una madre denunció que su hija se autolesionó después de pasar un tiempo sin poder llamar por teléfono a su casa.
Los traslados a cárceles lejanas también separan a las madres de sus hijos durante meses, según el CDPC, que cita el caso de Lizandra Góngora Espinosa. Góngora, de 40 años y madre de cinco hijos, cumple una condena de 14 años por las protestas del 11 de julio de 2021. En marzo de 2023 la trasladaron de la prisión de El Guatao, en La Habana, a la de Los Colonos, en la Isla de la Juventud, lejos de sus tres hijos menores, que viven con su padre en Güira de Melena, Artemisa. El 2 de agosto de 2026 pudo volver a verlos, después de más de seis meses, informó el Centro.
En septiembre, el CDPC registró 15 eventos de restricciones a la comunicación en las cárceles cubanas, según su informe mensual más reciente, publicado el 7 de octubre. Desde mediados de ese mes se interrumpieron las llamadas telefónicas en Kilo 7 y Kilo 8, en Camagüey; Guanajay, en Artemisa; Boniato, en Santiago de Cuba; la Prisión Provincial de Guantánamo; Cuba Sí y la Prisión Provincial de Holguín, y el Combinado del Este, en La Habana. El opositor Félix Navarro, preso en Agüica, Matanzas, denunció que llevaba meses sin ver a su hija, Saylí Navarro, recluida en la cárcel de mujeres La Bellotex, en la misma provincia.
Entre 2022 y 2026, el CDPC registró 306 eventos violatorios de derechos humanos relacionados con mujeres presas en Cuba. La cifra la expuso en la audiencia la organización colombiana Corporación Humanas, que citó entre esos casos el de una mujer que perdió su embarazo tras recibir atención deficiente mientras estaba en una celda de castigo y el de otra que perdió sus órganos reproductivos después de más de 10 días pidiendo atención médica.
Rodríguez pidió a la CIDH que no trate las restricciones al contacto familiar como un asunto de disciplina penitenciaria. Cuando una mujer depende de su familia para comer y medicarse, sostuvo, cortar ese contacto afecta su integridad personal y extiende la pena a personas que no fueron condenadas, algo que a su juicio prohíbe el artículo 5.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También solicitó que las mujeres que cuidan a las presas desde afuera sean reconocidas como titulares de derechos.
Las organizaciones participantes pidieron a la Comisión que recomiende a los Estados, entre otras medidas, prohibir la suspensión de visitas y llamadas como sanción disciplinaria, priorizar alternativas a la cárcel para mujeres con discapacidad, mayores, gravemente enfermas, embarazadas o con hijos a su cargo, y publicar datos desagregados sobre las mujeres presas. Apoyaron la petición en la Resolución 2/25 de la CIDH, adoptada el 24 de julio de 2025, sobre los derechos de los familiares de las personas privadas de libertad.
Las mujeres representan entre el 6% y el 8% de la población penitenciaria de América Latina y el Caribe, dijo en la audiencia Montserrat Solano Carboni, subdirectora regional para las Américas de la oficina de la ONU para los derechos humanos, que alertó sobre el uso excesivo de la prisión preventiva en la región.
El Gobierno cubano no publica datos oficiales sobre su sistema penitenciario ni permite el acceso de observadores independientes a las cárceles, según el CDPC, que reconoce por esa razón un subregistro en sus cifras.
