MIAMI, Estados Unidos. – Resulta asombrosa la habilidad y los recursos que el castrismo dedica para seguir menoscabando la vida del ciudadano común con leyes y disposiciones, francamente absurdas e inoperantes.
Por estos días, el llamado “Paquete”, compilación semanal de audiovisuales y publicaciones internacionales que se oferta en una suerte de mercado no autorizado mediante USB, fue amenazado de muerte.
Es ciertamente un alivio para el entretenimiento que no disfrutaron generaciones anteriores a la explosión digital, en la cual se encuentra inmersa el mundo y que el régimen observa con suspicacia desde las barreras ideológicas.
La llegada de los primeros reproductores de video casetes a la Isla rompió el siniestro monopolio de control que la dictadura mantuvo durante décadas, desde su politizada e insufrible televisión hasta el propio ICAIC, que censuraba a tutiplén todo el cine que no se atenía a los lineamientos del “comandante en jefe”.
Fue por esa misma época que el Ministerio del Interior creó una división llamada Omnivisión, donde cada semana daba a conocer varios títulos de películas, principalmente americanas, subtituladas al español en formatos de casetes, para ser vendidas sobre todo en países de Latinoamérica y distribuidas a ciertos miembros privilegiados de la nomenclatura, de donde luego se filtraban algunas copias para el ciudadano de a pie.
Personal de las embajadas cubanas y empresarios encargados de “romper el bloqueo” en sitios estratégicos como Panamá eran los encargados de copiar las películas que transmitían canales como HBO y Showtime, para luego ser enviadas a Omnivisión, donde eran reproducidas comercialmente.
Esta compañía fantasma no solo violó leyes internacionales de derecho de autor, sino que comercializó propiedad robada.
El avance tecnológico actual ha permitido que los llamados “paqueteros” no dependan de “segurosos” que se dan la buena vida en el extranjero en lo que delinquen con películas sustraídas subrepticiamente al “enemigo” para facturar en aras del socialismo cubano.
Antenas y otros subterfugios de comunicación digital han creado una verdadera empresa underground que solo se cuida de no incluir materiales abiertamente contestatarios para evitar la cancelación de sus operaciones.
Hace unos años a otros cubanos ingeniosos se les ocurrió proyectar en sus respectivos hogares películas en tercera dimensión mediante televisores inteligentes enviados por parientes de Miami. Las tandas se hicieron populares entre los niños y los dueños comenzaron a facturar.
No pasó mucho tiempo para que se vieran enredados en diatribas de comisarios oportunistas, quienes llamaron la atención sobre un nuevo modelo de colonización cultural que debía ser detenido a toda costa. Las salas caseras de proyección en 3D fueron prohibidas y la inversión se hizo humo.
La Habana llegó a tener más salas de cine que París y Nueva York. El régimen ha obliterado con saña una virtud cultural y urbanística de la cual se sentirían orgullosas otras capitales del mundo.
Cuando el ICAIC se fundó en marzo del año 1959, Alfredo Guevara tomó posesión de una prominente industria cinematográfica y de teatros como el Campoamor o el América, que fueron íconos arquitectónicos de su tiempo.
Actualmente dos o tres salas de cine cumplen parcialmente con parámetros internacionales de sonido y proyección digital; las otras que sobreviven presentan las películas mediante aparatos nada profesionales y técnicamente deficientes.
Hace muy pocos años el legendario Teatro Payret fue desmantelado para erigir una nueva edificación turística en su lugar.
Con toda esta ineficiencia e irrespeto por los verdaderos valores culturales de la nación, el castrismo intentó recientemente liquidar El Paquete. Sin pensar que es parte del “circo” necesario para mantener entretenida a las masas, ya que el “pan” sigue elusivo.
Protestas en los medios sociales, a veces de celebridades culturales de la Isla y de otras latitudes, dieron al traste con la intentona.
El director del Centro Nacional de Derecho de Autor y del Artista Intérprete salió en defensa del régimen para aclarar, como si fuera una gran dádiva, que El Paquete no sería prohibido porque no figuraba en cierta resolución gubernamental que prohíbe la proyección pública de audiovisuales.
Así que, mientras los productores de El Paquete paguen sus diezmos, se mantengan apolíticos y no promuevan presentaciones fuera del hogar de sus clientes, pueden continuar su “tarea” de hacer felices a los cubanos.
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