PUERTO PADRE, Cuba. — Las diversas capas sociales, gremiales, económicas o culturales que integran la nación cubana se encuentran, o más propiamente dicho, se encontraban hasta el llamado “tarifazo” de ETECSA en estado durmiente, del mismo modo que un paciente psiquiátrico sometido a somníferos o a electroshocks continuados. Ha ocurrido así por más de medio siglo, con los cubanos cual montón y no nación, arribistas o conniventes, siempre masoquistas, salvo honrosas sacudidas tenues o volcánicas, como las producidas por la guerra civil que entre 1959 y 1965 costó la vida o la libertad a más de 2.748 cubanos anticastristas.
Ahora, en lo que los mismos comunistas clásicos llamarían “una situación revolucionaria”, esto es, cuando los de abajo no aguantan más y los de arriba no pueden más, cual explosivo iniciador, ETECSA, monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, con tarifas inicuas y abusivas en demasía para el transido bolsillo de la mayoría de los internautas, ha encarecido los servicios de internet al punto de hacerlos prohibitivos, olvidando así la tecnocracia castrocomunista que, para lo que los mismos académicos han llamado “policrisis”, los cubanos solo encuentran alivio en el alcohol, las drogas, la religión o la internet.
Por supuesto, la respuesta al “tarifazo” no demoró en llegar, y llegó desde donde históricamente han venido réplicas a los males de Cuba: de los estudiantes universitarios, que han dicho: “No nos movilizamos por privilegios, sino por la justicia social y el derecho de todos los ciudadanos cubanos a acceder a la información, la comunicación, el trabajo, el estudio y el ocio”.
Transcurriendo ya un cuarto del siglo XXI, no es raro que estudiantes universitarios cubanos se expresen así.
“Tres leyes del espíritu humano encontramos en la conciencia: la de pensar, la de hablar y la de obrar. A estas leyes, para observarlas, corresponden otros tantos derechos imprescriptibles e indispensables para el desarrollo completo del hombre y de la sociedad. Al derecho de pensar libremente corresponden la libertad de examen, de duda, de opinión como fases o direcciones de aquel… El gobierno que con una centralización absoluta destruya ese franco desarrollo de la acción individual y detenga la sociedad en su desenvolvimiento progresivo, no se funda en la justicia y en la razón sino tan solo en la fuerza”, dijo en 1862, en la antigua Universidad de La Habana, el por entonces estudiante de Leyes Ignacio Agramonte y Loynaz, en lo que constituiría un ataque contra el colonialismo español y una defensa de los derechos individuales que trasciende hasta el día de hoy.
En Cuba, desde Ignacio Agramonte hasta José Martí, y sin excluir a quienes, ni antes ni después de ellos, habiendo cursado estudios superiores, no dudaron en luchar por su patria, poseyendo los seguros beneficios de una profesión, justo es decir que los estudiantes universitarios han desempeñado importantes actuaciones por la libertad de Cuba. Como también, por sus acciones manipuladoras, Cuba es una dictadura concebida y dirigida por profesionales.
Dos dictadores en el pasado siglo, Gerardo Machado en los años 30 y Fulgencio Batista desde 1952 hasta 1958, sin tener estudios superiores sino formación muy elemental, constituyeron dictaduras que sí fueron combatidas por estudiantes universitarios, luchas en las que muchos de ellos fueron a prisión o perdieron la vida. En cambio, Fidel Castro, que hizo de la Universidad de La Habana un frente de lucha, terminó por abolir la autonomía universitaria, haciendo morir en la cárcel al líder estudiantil Pedro Luis Boitel.
Parecería nimio, pero no lo es: justo hace 64 años, este viernes 6 de junio de 1961, el gobierno dirigido por Fidel Castro promulgó dos leyes aparentemente sin conexión, pero que el tiempo ha revelado la intrínseca relación que guardan entre sí. Una ley declaraba la nacionalización —entiéndase confiscación— de todos los niveles de enseñanza en Cuba, que pasaban a manos del Estado; la otra legislación proclamaba la fundación del Ministerio del Interior, encargado no solo del orden interior, sino también de una muy ramificada organización de policía política, encargada de velar porque sea la “universidad para los revolucionarios”.
Luego, no sería extraño que, para apuntalar al Estado totalitario, más, mucho más que el tarifazo de ETECSA, las universidades cubanas dejen de ser para los estudiantes que reclaman “justicia social”.
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