El régimen cubano anunció este 10 de marzo la conclusión del proceso de excarcelación anticipada de 553 personas sancionadas por diversos delitos. Sin embargo, lejos de representar un acto de justicia, esta medida es una maniobra para maquillar la represión sin otorgar una verdadera libertad a los beneficiados.

Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, confirmó que las personas excarceladas seguirán bajo estrictas restricciones y deberán comparecer obligatoriamente ante jueces de ejecución, responsables de supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas como parte de su sanción.

“Fue un proceso que terminó de manera exitosa. En el mes de enero se presentaron 378 solicitudes al Tribunal y en febrero, 175, que hacen un total de 553 personas excarceladas”, explicó Sosa Ravelo en declaraciones al periodista oficialista Humberto López en el Noticiero Nacional de Televisión.

Según organizaciones de la sociedad civil, de las 553 personas excarceladas, solo alrededor de 200 son presos políticos, mientras que el resto son reclusos comunes. La ausencia de una lista pública de beneficiados impide cualquier verificación independiente y refuerza la opacidad del proceso. Mientras tanto, más de 900 presos políticos continúan tras las rejas en Cuba, sin perspectivas de una liberación real e incondicional.

El anuncio del régimen, realizado el 14 de enero, se dio en el contexto de negociaciones con El Vaticano y Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno cubano ha evitado reconocer los acuerdos que motivaron estas excarcelaciones, un proceso marcado por la falta de transparencia, la ausencia de garantías, la inexistencia de un sistema de reparación integral para las víctimas y la negativa a reconocer la responsabilidad estatal, entre otras omisiones graves denunciadas por Cubalex. 

A finales de febrero, tras más de un mes sin otorgar beneficios penitenciarios a personas encarceladas por motivos políticos, el régimen cubano reanudó las excarcelaciones, aunque bajo condiciones estrictas y sin garantizar una libertad plena a los beneficiados.

Las personas excarceladas siguen bajo el control del régimen, sometidas a restricciones que les impiden ejercer plenamente sus derechos. Su supuesta libertad no es más que una concesión frágil y condicionada, que las mantiene vigiladas, coaccionadas y bajo la permanente amenaza de regresar a prisión.

Desde Cubalex alertamos a la comunidad internacional: el régimen cubano continúa utilizando a los prisioneros políticos como moneda de cambio en negociaciones diplomáticas, mientras refuerza su maquinaria represiva contra quienes disienten.

No hay justicia en un país donde disentir sigue siendo un crimen. Exigimos la liberación incondicional de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba.