15 de enero de 2024

En relación con la reciente declaración del gobierno cubano, titulada “En el espíritu del Jubileo Ordinario de 2025, el Estado cubano libera a personas que cumplen sanción”, en la que se anuncia la liberación de 553 personas sancionadas, Cubalex expresa preocupación ante las omisiones y la falta de transparencia que suelen caracterizar este tipo de procesos. 

Es importante destacar que esta acción se produjo simultáneamente con la decisión del gobierno de Estados Unidos  de retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, lo que evidencia una negociación implícita entre ambas partes, pese a que ninguno de los gobiernos ha reconocido públicamente dichos acuerdos. Por su parte, el gobierno cubano insistió en el carácter “limitado” de estas medidas, argumentando que no eliminan por completo las restricciones del bloqueo económico. 

Contexto y antecedentes

El 20 de febrero de 2023, organizaciones de derechos humanos alertamos sobre las consecuencias de negociaciones en las que personas privadas de libertad son utilizadas como moneda de cambio para obtener beneficios diplomáticos y políticos. Estas advertencias incluían denuncias sobre la expatriación forzada y la ausencia de garantías para las víctimas. Lamentablemente, los hechos recientes confirman la persistencia de estas prácticas.

Omisiones y preocupaciones clave

Negación de la existencia de presos políticos: La declaración oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores omite la existencia de presos políticos y los define como “personas sancionadas por delitos diversos”, sin reconocer que muchos fueron detenidos arbitrariamente por ejercer sus derechos fundamentales, como la libertad de expresión y reunión pacífica. Además, no esclarece si estas personas estuvieron privadas de libertad por motivos políticos, perpetuando así la narrativa oficial que niega de manera sistemática la represión política y los abusos de derechos humanos en el país.

Falta de participación de las víctimas y sus familiares: La excarcelación ha sido anunciada sin involucrar ni informar a los familiares de los prisioneros. Esta decisión se adoptó a puertas cerradas, excluyendo a quienes han sufrido directamente las consecuencias de la represión y que deberían ser parte activa en el proceso de negociación.

Falta de transparencia en el proceso de liberación: La declaración oficial del gobierno cubano no especifica los nombres de las personas que serán liberadas ni las condiciones y procedimientos bajo los cuales se llevará a cabo su excarcelación. El anuncio de un proceso “gradual” sin fechas claras intensifica las preocupaciones de que estas liberaciones estén motivadas por un cálculo político más que por un compromiso genuino con la justicia y los derechos humanos.

Además, la cifra anunciada de 553 personas sancionadas es significativamente inferior a los registros de organizaciones de derechos humanos, que estiman la existencia de al menos 800 presos políticos, mientras otras fuentes señalan más de 1,000 casos. Todas estas personas han sido víctimas de procesos arbitrarios y abusivos. Estas discrepancias evidencian la falta de transparencia en el proceso, invisibilizan a cientos de personas detenidas de forma arbitraria y generan incertidumbre sobre los beneficios concretos para quienes sean liberados. La ausencia de información clara también dificulta que la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos brinden el apoyo necesario para garantizar una reintegración adecuada.

El uso de los presos políticos como moneda de cambio: Las circunstancias de este acuerdo refuerzan la preocupación sobre la instrumentalización de las personas privadas de libertad como piezas de negociación para obtener beneficios diplomáticos. Además, no se aclaran los beneficios para las personas liberadas ni las razones para un proceso gradual, lo que refleja la falta de atención a las causas de la represión y la ausencia de un compromiso firme para poner fin a estas prácticas.

Falta de reconocimiento de las violaciones a las garantías del debido proceso y la responsabilidad de las autoridades: La declaración oficial no reconoce las violaciones al debido proceso cometidas durante la detención y enjuiciamiento de las personas liberadas, ni asume la responsabilidad de las autoridades encargadas de estas acciones. Este silencio contribuye a la impunidad, dificulta el acceso a la justicia y perpetúa un sistema en el que los derechos fundamentales son vulnerados sin consecuencias para los responsables.

Ausencia de garantías para evitar nuevas detenciones: La declaración del gobierno cubano omite cualquier compromiso para cesar las detenciones arbitrarias y proteger a las personas liberadas de represalias o nuevas detenciones. 

Exclusión de la sociedad civil en el proceso de apoyo y rehabilitación: No se ha contemplado la participación de la sociedad civil en la creación de mecanismos de apoyo para los excarcelados, quienes han enfrentado condiciones inhumanas y requieren asistencia integral para su rehabilitación física, psicológica y social. Presentar estas liberaciones como un acto humanitario, sin considerar el contexto de tortura y maltrato al que fueron sometidos, invisibiliza el sufrimiento de las víctimas y sus familias.

Ausencia de un sistema de reparación integral para las víctimas y falta de reconocimiento de la responsabilidad estatal: La declaración oficial ignora los estándares internacionales de derechos humanos al no establecer un sistema de reparación integral para las personas injustamente encarceladas. Según dichos estándares, las víctimas de detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes tienen derecho a recibir una reparación que abarque la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición.

Llamado a la comunidad internacional y a los gobiernos

Cubalex insta a la comunidad internacional a no respaldar estas medidas sin cuestionamientos, y, en su lugar, exigir garantías concretas para las personas liberadas, así como presionar para que se respeten sus derechos. Es fundamental que la liberación de estas personas forme parte de un proceso transparente, en el que se asegure la libertad plena y el derecho a permanecer en el país si así lo desean.

La liberación de 553 personas no debe ser vista como una concesión generosa, sino como una obligación del Estado cubano de respetar los derechos humanos y cesar la represión. Cubalex reitera su compromiso de seguir acompañando a las víctimas y denunciando cualquier acto que vulnere sus derechos. La libertad no debe ser tratada como una moneda de cambio; es un derecho inherente que debe garantizarse sin condiciones.