MIAMI, Estados Unidos. — El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este 21 de mayo sanciones contra cuatro funcionarios judiciales del régimen cubano, acusados de participar en una “grave violación de los derechos humanos”, específicamente en contra del exprisionero político Luis Robles Elizástigui.
Según el comunicado firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, los sancionados son la fiscal Yanaisa Matos Legrá y los jueces Gladys María Padrón Canals, María Elena Fornari Conde y Juan Sosa Orama, todos vinculados al Tribunal Provincial Popular de La Habana. Las sanciones incluyen la prohibición de entrada a Estados Unidos tanto para los funcionarios como para sus familiares inmediatos.
“El Departamento de Estado está sancionando a cuatro funcionarios del régimen cubano por una grave violación de los derechos humanos, concretamente la detención arbitraria de Luis Robles Elizástigui”, señala el comunicado. “Los jueces y fiscales que actúan como agentes del régimen, y no de un poder judicial independiente, desempeñan un papel crucial en estas detenciones y procesamientos arbitrarios”.
Las medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense forman parte de una estrategia de mayor presión contra el aparato represivo del régimen cubano, según la Administración de Donald Trump. “Estas designaciones son una prueba más de que la Administración Trump está comprometida a exigir responsabilidades a los funcionarios del régimen cubano involucrados en la violación de los derechos humanos”, declaró Rubio.
El comunicado subraya que estos operadores judiciales son responsables de “procesos legales simulados que injustamente apuntan, condenan y sentencian a individuos por expresarse pacíficamente y por su activismo”. La designación también alude a casos similares como los de los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro, devueltos a prisión “por motivos frívolos”, según Washington.
Las sanciones se emitieron bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, prorrogada por la Ley de Apropiaciones Continuas de 2025. Esta legislación permite al Departamento de Estado declarar inelegibles para ingresar a Estados Unidos a personas implicadas en violaciones graves a los derechos humanos.
Finalmente, el secretario Rubio reiteró el compromiso del Gobierno estadounidense con el pueblo cubano: “Seguimos utilizando todas las herramientas disponibles para defender los derechos humanos del pueblo cubano y alentamos a nuestros aliados y socios a hacer lo mismo”.
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