Libertad de prensa: Lo que la tiranía no quiere ni tolerará

MIAMI, Estados Unidos. – En 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el día 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, dándole rango y relevancia internacional a la Declaración de Windhoek y los fundamentos de la libertad de prensa adoptados en la conferencia efectuada en la capital de Namibia en 1991. Desde entonces, la UNESCO celebra anualmente una ceremonia de la que se hacen eco muchos países del planeta. La conferencia que celebraría hoy la UNESCO, y que ahora ha quedado pospuesta hasta noviembre por concepto del coronavirus, tiene por lema “Por un periodismo valiente e imparcial”.

Con total descaro y cinismo, la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) convoca año tras año a sus oficialistas a recordar a los periodistas asesinados por las oligarquías de otros países del continente y a señalar los méritos del periodismo proletario y socialista.  En la conferencia de prensa celebrada en La Habana en mayo del 2018, por ejemplo, Aixa Hevia, vicepresidenta primera de la UPEC, señaló que durante 2017 fueron asesinados 37 periodistas en América Latina, declarando a México como el país de mayor riesgo para ejercer el periodismo. ¡Hay que ser insolente y caradura!

“La verdad se ha convertido en una de las principales víctimas de estos tiempos”, añadió Hevia. ¿De quién se burla esta funcionaria?  Los ilusionistas de la verdad del periódico Granma, en su cobertura de estos eventos, repitieron la necedad (propuesta por Hevia) de que Cuba “es el único país del continente, y probablemente del mundo, que no tiene un solo periodista asesinado en los últimos 60 años”. Asesinados puede que no, oficialmente, pero reprimidos, acosados, encarcelados y expulsados del país, sí, y con creces. No hay nación en el continente que le gane. Cuba está entre los 32 países en el mundo con periodistas detenidos por ejercer su profesión, según el informe anual del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés). Tres naciones de Latinoamérica forman el trío de los peores: Venezuela, Panamá y Cuba.

El mensaje por esta fecha de la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), María Elvira Domínguez, directora del diario El País de Colombia, comienza así: “No es un día para celebrar”. Y António Guterres, secretario general de Naciones Unidas se pronunció de esta manera: “Ninguna democracia está completa sin acceso a información transparente y fidedigna, que es el pilar clave para crear instituciones justas e imparciales, hacer que los líderes rindan cuentas y decirle la verdad a las autoridades”. Ellos han dejado claro que “… cualquier regulación puede agredir contra la libertad de prensa, porque la línea entre regulación estatal y censura es muy delgada”.

La agresión contra “ciudadanos reporteros” – los centenares de periodistas independientes- es el pan nuestro de cada día en la Cuba de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Reporteros sin Fronteras señala que Cuba posee el clima más represivo hacia la prensa en las Américas, refiriéndose, específicamente, al control absoluto del Partido Comunista en materia de prensa escrita, radio y televisión, control que respalda la ley. Y añade:

“A pesar de que existen nuevos espacios en la Internet donde sí se ejerce la crítica, el proveedor estatal único, ETECSA, bloquea los contenidos contrarios a la línea oficial, y limita el acceso a ciertos blogs de opositores y a nuevas plataformas. El gobierno acosa, vigila física y digitalmente, agrede, detiene, saquea los hogares y confisca los medios de trabajo de blogueros y periodistas independientes críticos del régimen”.

El Index de Reporteros sin Fronteras muestra una “clara relación entre la represión de una prensa independiente libre que está informando sobre la pandemia del coronavirus, y el lugar que un país ocupa en la lista de 180 países clasificados”. Además, el informe de diciembre 2019 del Comité para la Protección de Periodistas incluyó a Cuba entre los diez peores censores de la prensa en el mundo, junto a Corea del Norte, Arabia Saudita, Vietnam, Irán, Bielorrusia y China.

En Cuba, la violación del derecho a la libre expresión se ha intensificado con la implementación a ultranza en los últimos meses del Decreto-Ley 370. Catalogado por sus víctimas –en su mayoría periodistas independientes- como Ley Azote, el D-L 370 amordaza la libre expresión a través de los medios de comunicación y estimula a la Seguridad del Estado y a la policía a implementar las medidas de control necesarias para silenciar y anular toda crítica y disidencia. La censura implacable y descarnada del régimen no es nueva: sucedió antes a través de la Ley Mordaza (1999), y ha sucedido desde que en 1961 el propio Fidel Castro codificó el “dentro de la revolución, todo; fuera de la revolución, ningún derecho” en sus infames “Palabras a los Intelectuales” el 30 de junio de 1961.

La Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO por sus siglas en inglés) sostiene que la libertad de expresión, y principalmente la libertad de prensa, “es imprescindible para el desarrollo de un país”, y afirma que está empíricamente comprobado que el desarrollo sostenible es posible solamente “cuando se permite que la sociedad civil trabaje sin presión, cuando la prensa no está sometida a controles oficiales, y cuando el pueblo es libre para disentir”. Y añade:

“Donde un gobierno castiga severamente a sus críticos, la corrupción no se reporta (y por tanto se multiplica) … La censura mantiene a ciudadanos y gobierno por igual ajenos a la realidad. Una prensa libre brinda espacios para el debate público… la información que pone a disposición de la ciudadanía es instrumento de mejoras y de cambio…”

En Cuba, al no haber compañías telefónicas independientes o privadas, las conexiones telefónicas y de Internet las provee la gubernamental ETECSA. Telefonía y redes sociales ya vienen con chivato, censor y verdugo incluidos. Sobre esto, el CPJ denuncia que ahora, con la excusa del coronavirus, los gobiernos quieren obtener información de la telefonía móvil que consideran clave –identificación rápida de contactos- para el control de la pandemia. En el mundo libre se ha alzado la voz de alarma en pos de la privacidad. En los mundos totalitarios, como Cuba, donde la privacidad no existe, los periodistas independientes llevan años señalando a gritos la violación de sus derechos a la libre expresión. CPJ afirma que, para los regímenes totalitarios, la única barrera a la minuciosa vigilancia es el costo. En Cuba, el costo no es barrera: ETECSA es de la Seguridad del Estado, o sea, del Ministerio del Interior.

De ahí, la agresiva y policíaca implementación, específicamente contra los comunicadores y periodistas independientes, del D-L 370, en cuyo Artículo 47 se define su propósito: El Ministerio de Comunicaciones, en coordinación con los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, establece el Programa para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad y coordina la participación en las actividades internacionales requeridas a ese fin e implementa su control y fiscalización.

Sus maquiavélicos objetivos de “respaldar la seguridad y la defensa nacional” (Artículo 50), y “responder a las necesidades que el país requiera en situaciones excepcionales y las vinculadas a la seguridad y la defensa nacional” (Artículo 52) se apuntalan en la declaración de ilegalidad de “hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero” (Artículo 68, inciso “f”) y de “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas” (Artículo 68, inciso “i”).

Y luego, en el Artículo 70, se detalla el castigo de los inquisidores: “A la persona natural que contravenga lo dispuesto en los incisos a), e) y f) del Artículo 68 se le impone una multa de mil pesos ($ 1 000 CUP); en caso de ser una persona jurídica, la multa que se le impone es de cinco mil pesos ($ 5 000 CUP). A la personal natural que contravenga lo dispuesto en los restantes incisos del Artículo 68 se le impone una multa de tres mil pesos ($ 3 000 CUP); en caso de ser una persona jurídica, la multa que se le impone es de diez mil pesos ($10 000 CUP)”.

Y si eso fuera poco, el Artículo 71 reza: “A los responsables de la comisión de contravenciones establecidas por el presente Decreto-Ley y sus disposiciones complementarias, además de la sanción de multa, se les puede imponer “a) el decomiso de los equipos y medios utilizados para cometer las contravenciones previstas en el Artículo 68, b) la suspensión de la licencia de forma temporal o la cancelación definitiva; y c) la clausura de las instalaciones”. Por último, el Artículo 76 declara que no hay derecho de apelación ante estas violaciones.

Hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa, esa libertad y los derechos de los periodistas independientes, están impunemente violados por el régimen de Miguel Díaz-Canel. ¡Abajo el Decreto-Ley 370! ¡Abajo la dictadura! ¡Basta ya con el acoso de los comunicadores independientes! ¡Libertad para los presos de conciencia! ¡Libertad inmediata para nuestro periodista Roberto Jesús Quiñones Haces!

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