Michael Hernández, exprisionero político, fue citado para comparecer en una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Pinar del Río. Aunque reside en el poblado de Briones Montoto, el desplazamiento representó un gasto innecesario en medio de la crisis del transporte, lo que agravó su situación económica.
Al llegar a la unidad, fue recibido por el capitán Dariel, quien lo mantuvo esperando mediante engaños hasta la llegada del mayor Otoniel. Michael asistió acompañado de su madre, pero mientras ella permanecía en la sala de espera creyendo que su hijo estaba siendo interrogado, los agentes lo trasladaron por un pasillo lateral, lo subieron a un vehículo y lo llevaron al Centro de Instrucción Penal de los delitos contra la seguridad del Estado —conocido como el técnico— ubicado en el kilómetro 4½ de la carretera a San Juan y Martínez.
Previendo que podría ser detenido, Michael pidió en varias ocasiones que informaran a su madre sobre el traslado. Sin embargo, los agentes nunca lo hicieron. Su madre permaneció en la unidad durante unas cuatro horas sin recibir información sobre su paradero.
Imagen tomada del perfil en Facebook de Michael Hernandez Medina
En el técnico, el mayor Otoniel lo dejó en un cuarto de interrogatorio con dos aires acondicionados encendidos, sometiéndolo a bajas temperaturas durante un largo periodo. Este tipo de trato constituye una forma de tortura física y psicológica, empleada de manera sistemática por las autoridades cubanas.
El interrogatorio no se basó en ningún hecho concreto, sino en una publicación realizada por Michael en redes sociales. El mayor intentó provocarlo con comentarios humillantes y amenazas, diciéndole que pidiera dinero a opositores en el exterior, que nadie lo ayudaba y que lo estaban utilizando. Ante su silencio, el oficial golpeó la mesa, lo amenazó con encarcelarlo por 20 años si se quedaba en Cuba y le advirtió que, si lo veía filmando o tomando fotos, le destruiría el teléfono.
Finalmente, fue liberado bajo amenazas de vigilancia y advertencias de que existía un expediente en su contra por “contrarrevolucionario”. Los agentes le ordenaron no publicar más contenido en redes sociales bajo amenaza de prisión. Su liberación ocurrió en el técnico, desde donde tuvo que regresar caminando hasta la ciudad de Pinar del Río, a la unidad donde su madre continuaba esperando, sin saber lo ocurrido.
Análisis jurídico y de derechos humanos
El caso de Michael Hernández refleja un patrón de hostigamiento y represión contra exprisioneros políticos en Cuba. Su detención arbitraria y el trato recibido vulneran derechos fundamentales reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos.
- Derecho a la libertad de expresión: las amenazas y represalias por sus publicaciones constituyen una violación directa de este derecho, protegido por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
- Prohibición absoluta de la tortura: el artículo 368 del Código Penal cubano sanciona la tortura física y psicológica. La exposición prolongada al frío y las amenazas sufridas por Michael encajan en esta definición.
- Derecho al debido proceso y a la integridad personal: la negativa a informar a su madre sobre el traslado constituye una forma de desaparición forzada de corta duración, práctica prohibida por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Además, el artículo 326 de la Ley del Proceso Penal cubana establece que las grabaciones de audio o video realizadas por particulares son admisibles siempre que no medie engaño, coacción o violencia. Ningún funcionario público puede impedir que la ciudadanía documente actuaciones estatales.
El caso de Michael Hernández evidencia cómo el Estado cubano continúa utilizando la represión, la intimidación y la tortura psicológica contra personas que han ejercido su derecho a la libertad de expresión y han sido previamente encarceladas por motivos políticos.