El nuevo esquema tarifario de ETECSA restringe el acceso nacional a internet, encarece los servicios de telecomunicaciones y profundiza la exclusión digital. Esta medida —respaldada por el Primer Ministro Manuel Marrero y el presidente Miguel Díaz-Canel— condiciona el uso pleno de internet a quienes reciben remesas, limitando derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación ciudadana.

La Asamblea Nacional del Poder Popular no solo ignoró el rechazo masivo y las protestas estudiantiles que exigían la derogación del “tarifazo”, sino que también omitió su deber constitucional de fiscalizar, revocar medidas contrarias a los derechos ciudadanos y garantizar un acceso universal y equitativo a internet.

Esta queja, amparada en el artículo 61 de la Constitución, denuncia la vulneración de derechos humanos, el control político sobre las telecomunicaciones y la falta de transparencia estatal. Es un acto cívico para dejar constancia histórica de nuestra oposición y reclamar un futuro democrático donde la conectividad sea un derecho, no un privilegio.

Las nuevas tarifas de ETECSA no solo encarecen el servicio: profundizan la exclusión digital y restringen derechos que nos pertenecen a todas y todos.

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