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Cuba: vigilancia y arrestos domiciliarios en el aniversario 31 del Maleconazo

05/08/2025 / Alertas, Cubalex

Foto: Yamilka Lafita/Facebook.

El 5 de agosto de 1994, miles de cubanos salieron a las calles del malecón habanero para protestar contra la crisis económica, la represión y la falta de libertades. Fue uno de los mayores estallidos sociales bajo el régimen cubano. A 31 años de aquella jornada histórica, el gobierno continúa respondiendo con represión sistemática ante cualquier intento de expresión ciudadana.

Este 5 de agosto de 2025, en el aniversario del histórico estallido social de 1994 conocido como el Maleconazo, el régimen cubano intensificó la represión. Desde Cubalex documentamos múltiples acciones dirigidas a silenciar voces críticas, entre ellas: operativos de vigilancia policial y de la Seguridad del Estado, arrestos domiciliarios arbitrarios y cortes selectivos de internet. 

Estas medidas represivas fueron dirigidas contra activistas, periodistas independientes y defensores de derechos humanos.

Casos documentados por el monitoreo de Cubalex:

– María Cristina Labrada, Dama de Blanco, denunció vigilancia de la Seguridad del Estado frente a su vivienda.

– La activista Yamilka Lafita reportó vigilancia policial en los alrededores de su casa.

– El activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue sometido a arresto domiciliario con vigilancia.

– La sede de las Damas de Blanco amaneció sitiada. Su líder, Berta Soler, y el expreso político Ángel Moya denunciaron cerco policial.

– Wilber Aguilera, padre del preso político del #11J Wagniel Aguilar, reportó presencia permanente de la Seguridad del Estado frente a su vivienda.

– En la redacción del medio independiente 14ymedio, el acceso a internet fue interrumpido. El periodista Reinaldo Escobar fue detenido por casi dos horas e interrogado en la unidad de la PNR de Aguilera, en Diez de Octubre.

– La vivienda de José Elías González Agüero, líder del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) y del Proyecto Emilia, estuvo bajo vigilancia policial, según confirmó una fuente a Cubalex.

– La periodista Camila Acosta denunció estar sitiada por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado. El agente a cargo del operativo le prohibió salir de su vivienda.

– El líder opositor Oscar Elías Biscet y su esposa Elsa Morejón también denunciaron vigilancia y presencia de una patrulla de la PNR frente a su casa.

Un patrón de represión sistemática

Estas acciones no son hechos aislados, ni respuestas puntuales a situaciones específicas. Por el contrario, forman parte de un patrón sistemático de represión que Cubalex ha documentado durante años.

Este patrón se intensifica en fechas simbólicas, como aniversarios de protestas sociales, cuando el régimen busca evitar cualquier expresión pública de descontento. La estrategia incluye cercos policiales, arrestos domiciliarios, detenciones arbitrarias, amenazas y cortes selectivos de internet, todo ello orientado a inhibir la protesta social, bloquear la organización ciudadana y silenciar voces críticas.

Lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el Estado cubano criminaliza el disenso y recurre al uso desproporcionado del aparato de seguridad para mantener el control social.

Violaciones a derechos fundamentales

La práctica de imponer arrestos domiciliarios arbitrarios, sin orden judicial ni debido proceso, constituye una grave violación a derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales.

Entre los derechos vulnerados se encuentran:

– La libertad de movimiento, al restringir a ciudadanos en sus propios hogares sin causa legal ni posibilidad de defensa.

– La libertad de expresión, al impedir que personas críticas al gobierno se pronuncien públicamente.

– El derecho a la participación ciudadana, ya que estas medidas buscan impedir cualquier forma de articulación o movilización social.

Estas restricciones, aplicadas de manera sistemática, contribuyen a debilitar el tejido cívico, fomentar el miedo y limitar el ejercicio de derechos esenciales en una sociedad democrática.

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