La Fiscalía cubana ha solicitado penas de hasta 9 años de privación de libertad contra seis personas que participaron el 7 de noviembre de 2024 en una protesta pacífica contra los prolongados apagones en el municipio de Encrucijada, en la provincia de Villa Clara.

Estas personas han sido imputadas por el delito de “desórdenes públicos”, y las sanciones solicitadas son las siguientes:

– Yandri Torres Quintana – 9 años de prisión

– Rafael Javier Camacho Herrera – 9 años de prisión

– José Gabriel Barrenechea Chávez – 6 años de prisión

– Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa – 5 años de prisión

– Yuniesky Lorences Domínguez – 4 años de prisión

– Marcos Daniel Díaz Rodríguez – 5 años de limitación de libertad

¿Por qué se les acusa?

Cubalex tuvo acceso a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, en las que se sostiene que los imputados “aprovecharon la falta de electricidad provocada por la crisis energética para perturbar la tranquilidad ciudadana”. Esta afirmación parte de una interpretación criminalizante de una protesta legítima ante condiciones extremas de vida.

El documento, firmado por el fiscal Ayrebi Miranda Pérez, presenta como elementos incriminatorios el hecho de que los manifestantes hicieron toques de calderos y gritaron consignas como: “¡Pongan la corriente! ¡Queremos corriente!”. Estos actos —expresiones comunes en protestas sociales en contextos de crisis— son tratados como evidencia suficiente para justificar cargos penales.

A pesar de que la manifestación fue pacífica, la Fiscalía la presenta como un intento de “alterar masivamente el orden público”. Sin embargo, en ningún momento se reportan actos de violencia física, daños a la propiedad ni conductas vandálicas. Lo que se criminaliza, en realidad, es la expresión pública del descontento ciudadano en un contexto de apagones prolongados y deterioro generalizado de las condiciones de vida.

Un caso con motivaciones políticas

En el caso del escritor y periodista José Gabriel Barrenechea Chávez, la acusación se sustenta no solo en que “instó a que las personas no se retiraran del lugar”, sino también en valoraciones ideológicas y subjetivas que no constituyen delito alguno. Entre los elementos incluidos por la Fiscalía se encuentran:

– Su supuesta “relación con personas de mala moralidad y conducta social”

– Su “comportamiento en redes sociales”

– Y su “total desafecto por el proceso revolucionario y su máximo dirigente”

Este tipo de argumentos —centrados en las ideas, relaciones personales y opiniones del acusado— revelan una criminalización directa del pensamiento crítico, la libertad de expresión y la disidencia política, en clara contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos. 

Detenciones sin petición fiscal

Además de las seis personas imputadas formalmente, Cubalex ha documentado otros casos alarmantes de detención arbitraria relacionados con las protestas del 7 de noviembre de 2024 en Encrucijada:

Alejandro Morales Pereira continúa detenido sin que exista una petición fiscal formal en su contra. Aunque participó en la protesta del 7 de noviembre de 2024, su arresto no ocurrió en ese momento, sino meses después, como represalia por haber exigido públicamente la liberación de las personas detenidas en aquella jornada.

El 19 de febrero de 2025, Alejandro fue detenido de forma violenta frente a la sede del Partido Comunista de Cuba en Encrucijada, mientras protestaba pacíficamente. Tras su arresto, fue trasladado a la prisión La Pendiente, en Santa Clara, donde ha sido víctima de constantes abusos físicos y psicológicos.

Según información recibida por Cubalex, el 20 de junio de 2025 Alejandro intentó suicidarse en su celda, en un contexto de aislamiento, malos tratos y negación de atención médica especializada. Padece trastornos de salud mental y su condición es incompatible con el régimen penitenciario, lo que agrava su estado de vulnerabilidad.

Testimonios indican que en prisión fue esposado dentro de la celda y brutalmente golpeado por los guardias. Durante la agresión, los funcionarios lo presionaban para que gritara “Patria o muerte”. Alejandro, en cambio, respondió con firmeza: “Patria y libertad“. Su cuerpo terminó cubierto de moretones.

Su situación es crítica. La falta de atención médica adecuada, unida a los abusos continuados, representa una grave amenaza a su integridad física, psicológica y a su vida. Alejandro Morales Pereira es hoy una víctima directa del uso del aparato penal cubano como instrumento de represión política.

Otras dos personas permanecen detenidas sin acusación formal: Andy Pérez Medero y Rasiel Cárdenas Pérez, detenidos en la comunidad de El Purio, también en Encrucijada, permanecen privados de libertad sin que la Fiscalía haya presentado acusación formal. Su caso evidencia la práctica de mantener detenidas a personas sin garantías procesales básicas, en violación directa del derecho al debido proceso.

¿Dónde está el delito?

Protestar y reclamar derechos no es un delito. Exigir una vida digna no es un crimen.

Este caso muestra cómo en Cuba se utiliza el derecho penal de manera desproporcionada para castigar a quienes ejercen derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la reunión pacífica y la protesta.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía no demuestran actos violentos, sino una expresión legítima de descontento social frente a la profunda crisis económica y energética que atraviesa el país.

Desde Cubalex, alertamos sobre la criminalización de la protesta pacífica como herramienta de represión estatal y exigimos la liberación inmediata de todas las personas detenidas por ejercer sus derechos.