“Siento que no voy a poder vivir en libertad de nuevo”, escribió desde prisión Juan Carlos Pérez González, un cubano de 59 años que cumple una injusta condena de 15 años de privación de libertad por razones políticas.

Condena sin pruebas ni garantías

En una carta a la que tuvo acceso Cubalex, Juan Carlos Pérez González denuncia que fue condenado sin pruebas. Explica que las acusaciones se sustentaron únicamente en una supuesta relación con personas en el exterior, quienes —según el tribunal— le habrían enviado dinero para financiar actos “contra el gobierno”. Sin embargo, sostiene que nada de esto fue demostrado durante el juicio.

También denuncia que el tribunal impidió que testificaran personas que podían probar su inocencia y que no contó con una defensa efectiva, ya que su abogado no actuó con independencia ni diligencia profesional, lo que compromete seriamente la legitimidad del proceso.

Sentencia y cargos impuestos

Según la sentencia a la que tuvo acceso Cubalex, la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara condenó en la misma causa al preso político Serguey Cobos Ruiz a 18 años de prisión, por pintar frases antigubernamentales en espacios públicos y por supuestos actos calificados por las autoridades como sabotaje.

Ambos fueron sancionados por los supuestos delitos de “atentado”, “sabotaje” y “propaganda contra el orden constitucional”. Según el documento, el tribunal impuso penas de rigor al considerar que los acusados actuaron con el propósito de “quebrar el sistema social erigido en la Constitución, subvertir el orden y la tranquilidad ciudadana, y sembrar el descontento y desaliento en la población”, aprovechando la crisis económica del país para generar inestabilidad.

La sentencia refuerza así un patrón de criminalización del disenso político, aplicando sanciones desproporcionadas bajo justificaciones ideológicas más que jurídicas.

Una condena que amenaza su vida

Juan Carlos padece diabetes y otras enfermedades crónicas, y presenta deterioro progresivo de la visión, lo que afecta seriamente su calidad de vida. Lleva dos años encarcelado en la Prisión Provincial de Villa Clara, conocida como El Pre, donde permanece bajo condiciones precarias, sin acceso adecuado a atención médica ni a las mínimas garantías para preservar su salud. Su situación constituye una amenaza constante para su integridad física y mental.

Nadie merece ser condenado injustamente. Juan Carlos Pérez González exige ser escuchado, pide la revisión de su causa y un juicio justo, como debería garantizarse en cualquier sistema que respete el debido proceso y los derechos humanos más fundamentales.

Este caso revela con claridad cómo, en Cuba, el sistema de justicia penal no funciona como garantía de derechos, sino como una herramienta de control político. La ley no se aplica con criterios de legalidad, imparcialidad ni debido proceso, sino que se instrumentaliza para castigar la disidencia, disuadir la crítica y reprimir cualquier forma de expresión que cuestione al poder.

Las penas impuestas —desproporcionadas, carentes de fundamentos probatorios sólidos y dictadas en juicios sin garantías procesales— cumplen una función ejemplarizante: enviar un mensaje de intimidación a la ciudadanía para desalentar la protesta, el pensamiento crítico y la organización independiente.

Más que sancionar hechos reales y probados, el sistema penal cubano criminaliza intenciones, vínculos o discursos políticos, utilizando figuras jurídicas ambiguas, violando principios básicos del derecho penal como la presunción de inocencia, el principio de legalidad y la proporcionalidad de las penas.