Foto: Tomada de CiberCuba.

El 14 de julio de 2025, durante una sesión de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, declaró categóricamente que en Cuba “no hay mendigos”, sino personas “disfrazadas” que “han buscado un modo de vida fácil para ganar dinero y no trabajar como corresponde”.

Estas declaraciones no solo niegan la existencia de personas en situación de calle o pobreza extrema, sino que reflejan una visión oficial profundamente estigmatizante, punitiva y desconectada de la realidad. La funcionaria no minimizó la pobreza: la borró del discurso institucional.

Negar la pobreza estructural no la hace desaparecer

Atribuir la presencia de personas en las calles a una “elección de vida” es una forma de ignorar deliberadamente las causas estructurales de la exclusión social: el desempleo, la precariedad laboral, la falta de vivienda, los trastornos de salud mental, las adicciones o el abandono institucional.

Al reducir estas condiciones a una simple “conducta improductiva”, el Estado elude su responsabilidad y refuerza políticas de control y castigo, en lugar de promover medidas reales de acompañamiento, protección y reintegración.

Estigmas que deshumanizan

La narrativa oficial no solo evade el reconocimiento de derechos, sino que refuerza estereotipos clasistas y discriminatorios. Quienes limpian parabrisas son descritos como personas que se aprovechan del sistema, mientras otros son acusados de fingir la indigencia para evitar trabajar.

Este tipo de discurso no solo deshumaniza, sino que legitima la criminalización de la pobreza, al presentar a las personas más vulnerables como amenazas al orden y la moral social.

¿Preocupación real por los más vulnerables?

Tras el rechazo ciudadano, la ministra renunció a sus funciones en un intento por contener la polémica. Pero sus declaraciones no fueron un desliz aislado, ni fruto de una opinión personal: reflejan una lógica de Estado que prioriza el control social por encima de los derechos que afirma garantizar.

El problema no radica en una “ministra insensible” ni en comentarios “desafortunados”. Va mucho más allá de las personas en situación de calle: el verdadero problema es un Estado que produce pobreza y luego castiga a quienes la sufren. 

Aunque la ministra se refirió al Acuerdo para la atención a las personas con “conducta deambulante” como una medida de protección social, en la práctica institucionaliza un sistema de control, vigilancia y castigo. Esta política criminaliza la pobreza y refuerza la exclusión, sin abordar sus causas estructurales ni garantizar derechos fundamentales. 

Desde Cubalex, alertamos sobre el impacto desproporcionado que esta medida tiene sobre los sectores más vulnerables: personas afrodescendientes, mujeres, personas con discapacidad psicosocial y otros grupos históricamente discriminados. 

¿Dónde están las respuestas reales ante el hambre, la pobreza y la exclusión?

Afirmar que quienes sobreviven en las calles son simplemente “ilegales del trabajo por cuenta propia” es cerrar los ojos ante el dolor social que se respira en cada esquina. Es invisibilizar la miseria, el abandono y el desamparo que padecen miles de personas en Cuba.

Las preguntas siguen sin respuesta:

– ¿Dónde están las políticas que garanticen acceso a vivienda, empleo y salud mental?
– ¿Dónde están los mecanismos de apoyo y protección para quienes viven en la marginalidad?
– ¿Por qué el Estado cubano continúa ignorando su deber de garantizar derechos sin discriminación?