La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eligió el 27 de junio a la activista cubana Rosa María Payá como una de sus nuevas integrantes, durante el 55º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Foto: Rosa María Payá Acevedo/Facebook.

Celebramos la reciente elección de Rosa María Payá Acevedo como Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un hecho histórico que marca un antes y un después para la defensa de los derechos humanos en las Américas y, especialmente, para la sociedad civil cubana.

Desde Cubalex expresamos nuestro firme respaldo y reconocimiento a su designación, así como nuestra indignación ante la campaña de agresiones verbales y violencia política por parte del Estado cubano, que no solo ha atacado a la persona de Payá, sino que además ha intentado deslegitimar a la CIDH y al propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

La reacción del Estado cubano, que ha calificado a Payá de “mercenaria” y ha denunciado presuntas “presiones y chantajes” de Estados Unidos, revela el profundo temor del régimen a perder el control del relato y enfrentarse al escrutinio internacional. Esta respuesta, lejos de demostrar desinterés, confirma la relevancia del SIDH para La Habana. Cuando un gobierno recurre a la difamación como principal recurso político, queda en evidencia el poder simbólico y práctico que representa la presencia de una disidente en un órgano regional de derechos humanos. 

El uso del término “mercenaria” constituye una grave distorsión jurídica. En el derecho internacional, este concepto se reserva para situaciones muy específicas, como la participación directa en hostilidades a cambio de una remuneración desproporcionada. Nada de esto se aplica a Payá, una activista no violenta cuyo trabajo se centra en visibilizar la represión en Cuba y promover procesos democráticos. Esta etiqueta busca deslegitimarla, deshumanizarla y castigarla simbólicamente por ejercer una voz pública. No se trata solo de una estrategia de difamación, sino también de una forma de violencia política y de género orientada a socavar su liderazgo.

Para la sociedad civil cubana, su elección representa una conquista largamente esperada. Durante décadas, hemos recurrido a los mecanismos del sistema interamericano para denunciar violaciones de derechos humanos en Cuba, enfrentando con frecuencia lentitud, indiferencia o una atención selectiva por parte de actores regionales. La designación de una comisionada que conoce desde dentro el funcionamiento del sistema, que ha sido peticionaria y que ha sufrido personalmente las consecuencias de un sistema represor, abre la puerta a una CIDH más empática, ágil y comprometida con los pueblos que más lo necesitan.

Los ataques del gobierno cubano no se limitan a la figura de Payá, sino que también buscan deslegitimar a la CIDH por su decisión de investigar las condiciones laborales de las misiones médicas cubanas. Estas misiones han sido objeto de denuncias sistemáticas por parte de organismos internacionales, como el Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, quien ha señalado posibles prácticas de trabajo forzado, retención de salarios, confiscación de pasaportes y vigilancia. Lejos de representar un modelo meramente solidario, esta forma de cooperación médica se ha convertido en una fuente de ingresos sustentada en condiciones incompatibles con la dignidad humana.

Estos patrones de control y represión han sido exportados e imitados por otros regímenes autoritarios de la región, como Venezuela y Nicaragua. A lo largo de los años, la pasividad del sistema interamericano frente al caso cubano ha tenido un efecto multiplicador, permitiendo que sus métodos se reproduzcan en otros contextos donde la impunidad se nutre de la falta de una respuesta oportuna. La elección de Rosa María Payá como comisionada de la CIDH puede marcar un punto de inflexión para romper con esa inercia y promover respuestas más firmes y coordinadas. 

La elección de Rosa María Payá a la CIDH fortalece el pluralismo, revitaliza el mandato de protección del sistema interamericano y constituye un acto de justicia simbólica para muchas personas que han alzado su voz contra la represión en Cuba. Frente a los intentos de descrédito, la sociedad civil de la región debe cerrar filas, respaldar a la Comisionada y exigir al Estado cubano que ponga fin a su campaña de hostigamiento. También es responsabilidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de los demás Estados miembros adoptar políticas coherentes de presión y acompañamiento. La impunidad que ha prevalecido en Cuba durante décadas ha contaminado a toda la región; el fortalecimiento del SIDH es parte de la respuesta democrática que nuestros pueblos merecen.