A pesar del discurso oficial sobre la legalidad de esta medida, las nuevas tarifas impuestas por ETECSA vulneran derechos fundamentales, contradicen la Constitución y afectan directamente a los consumidores.

El abogado de Cubalex, Julio Ferrer Tamayo, analiza las recientes medidas adoptadas por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), conocidas como el “Tarifazo”, y sostiene que constituyen una flagrante violación del principio de legalidad y de los derechos de los usuarios. A través de una publicación en su perfil de Facebook explica que, aunque las autoridades insisten en presentar estas decisiones como parte del marco normativo vigente, en la práctica —como demuestra este caso— se trata de acciones arbitrarias que quebrantan garantías fundamentales.

¿Qué dispone la ley? 

El Decreto No. 124, de 17 de abril de 2025, regula la concesión administrativa otorgada a ETECSA para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. En su Artículo 22, se establece expresamente que:

“Las tarifas máximas de acceso a Internet se aprueban por el ministro de Comunicaciones; las que disminuyen con respecto a estas, por el presidente ejecutivo de ETECSA.”

A juicio del abogado, esta disposición fue ignorada por las autoridades, ya que las medidas comerciales anunciadas por ETECSA el 30 de mayo de 2025 no fueron aprobadas por la ministra de Comunicaciones ni publicadas en la Gaceta Oficial de la República, como exige la legislación vigente. Esta omisión invalida jurídicamente el acto administrativo. 

Medidas sin sustento legal 

Ferrer Tamayo señala la ineficacia jurídica de las nuevas tarifas anunciadas por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2024, cuando afirmó que “este año se iban a implementar una serie de medidas comerciales en ETECSA, las cuales contribuirán a seguir desarrollando y sosteniendo la red de servicios de telecomunicaciones en nuestro país.”

Estas medidas fueron puestas en vigor el 30 de mayo de 2025, sin respetar los procedimientos legales. Marrero, además, no es la autoridad competente para aprobar dichas tarifas según el Decreto 124, lo que refuerza su invalidez.

Por otro lado, la modificación de las condiciones del servicio móvil —como la limitación en el monto de recargas y la reestructuración de planes— se ejecutó sin el aviso previo de 30 días naturales que exige el propio Contrato de Servicio de Telefonía Celular Prepago, el cual estipula:

“ETECSA informará al CLIENTE, con treinta (30) días naturales de antelación, cualquier modificación en las condiciones de prestación del SERVICIO que afecte en alguna medida al CLIENTE […]”.

Estas acciones no solo incumplen el contrato con los usuarios, sino que también carecen de validez legal. El abogado recuerda que, según el Código Civil cubano (Ley No. 59/1987), aún vigente, el Artículo 67 inciso d) declara nulos los actos jurídicos que se realicen sin cumplir las formalidades establecidas con carácter de requisito esencial. Es decir, las nuevas tarifas pueden ser declaradas nulas de pleno derecho. 

También se viola la Constitución

La situación se agrava con el incumplimiento del Artículo 165 de la Constitución de la República, que obliga a publicar en la Gaceta Oficial todas las disposiciones generales para que tengan validez legal. En este caso, no se ha realizado dicha publicación.

Asimismo, el Artículo 9 establece el principio de legalidad socialista como una obligación tanto para ciudadanos como para instituciones. Al actuar fuera de sus competencias y sin respetar el marco legal vigente, ETECSA vulnera este mandato constitucional.

Ante estas violaciones, el abogado Julio Ferrer Tamayo advierte que lo sucedido con el “Tarifazo” es una nueva evidencia de que en Cuba no existe un verdadero Estado de Derecho, por más que el discurso oficial pretenda lo contrario.

En un Estado de Derecho, nadie está por encima de la ley. Sin embargo, las medidas impuestas por ETECSA, sin respaldo legal ni procedimiento válido, muestran cómo el gobierno actúa fuera de los límites que él mismo establece, afectando directamente a miles de ciudadanos. Esta actuación arbitraria no solo vulnera derechos, sino que profundiza la desconfianza en las instituciones y debilita aún más los principios que deberían regir la vida pública en el país.