Cubalex alerta sobre una escalada de represión por parte del régimen cubano contra estudiantes universitarios que se han pronunciado públicamente en contra del tarifazo impuesto por el monopolio estatal de telecomunicaciones, ETECSA. Las denuncias revelan un patrón de hostigamiento sistemático, intimidación y censura, con acciones que vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libre asociación y el acceso a la información.

Presiones directas y citaciones arbitrarias

Estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma han sido objeto de fuertes presiones por parte de las autoridades. Tanto ellos como sus familiares han recibido llamadas desde números privados y han sido citados a estaciones de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), donde se les exige firmar cartas de “retractación” por los comunicados que han publicado denunciando el tarifazo.

Miedo e intimidación en la Universidad de Oriente

Desde la Universidad de Oriente, una denuncia anónima alertó sobre el clima de temor entre los estudiantes. Durante una reunión con directivos, varios alumnos expresaron que “Cuba es un estado fallido”, pero temen las represalias por hablar abiertamente. La situación fue descrita como “muy tensa”.

También se reportó que en las residencias universitarias había falta de iluminación en áreas clave como los edificios y la escalinata. Tras las quejas estudiantiles, las luces fueron colocadas de inmediato, lo cual ha sido interpretado como una maniobra para desmovilizar futuras protestas.

Censura institucional y complicidad estructural

En una carta anónima enviada por estudiantes de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, se denunció la censura institucional, así como la complicidad de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) al respaldar las medidas impuestas por ETECSA. La carta también advierte sobre la criminalización de la protesta estudiantil y la falta de transparencia en las negociaciones entre directivos y autoridades estatales.

Según el testimonio, se ha intensificado la presencia intimidatoria de agentes de la Seguridad del Estado en los campus, junto al uso de estructuras académicas para manipular e intimidar directamente a quienes expresan descontento.

Agentes interrogando y acosando estudiantes

El Observatorio de Libertad Académica (OLA) reportó que agentes de civil se presentaron en la CUJAE y la Universidad Central de Las Villas para interrogar a varios estudiantes. En algunos casos, la represión ha llegado hasta los hogares: la Seguridad del Estado se ha presentado en las viviendas de estudiantes identificados como líderes, amenazándolos con la expulsión y presionando también a sus familias.

Una respuesta estatal que reprime la protesta

La represión estatal responde directamente a las denuncias contra ETECSA, señalada por estudiantes de violar el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información con tarifas que profundizan la brecha digital y la exclusión social.

Estas acciones evidencian un patrón de violencia institucional caracterizado por la intimidación, vigilancia, censura, coerción digital y la complicidad de estructuras académicas. 

La represión no se limita al ámbito universitario. Activistas que han expresado públicamente su apoyo al paro estudiantil y han difundido mensajes de solidaridad en redes sociales también han sido hostigados, citados arbitrariamente e intimidados por la Seguridad del Estado.

Uno de estos casos es el de la activista e investigadora Miryorly García Prieto, quien fue citada, interrogada y amenazada por sus publicaciones en rechazo al tarifazo de ETECSA y en respaldo al paro universitario.

En una publicación en redes sociales, Miryorly denunció que la citación —entregada el 10 de junio con apenas 45 minutos de antelación— tuvo como objetivo levantarle un acta de advertencia, cuyo contenido calificó de falso y manipulador, razón por la que se negó a firmarla.

El acta la acusaba de replicar publicaciones que supuestamente “incitan al desorden público” y cuestionaba la veracidad de la información difundida. Sin embargo, Miryorly afirmó:

“Lo único falso acá es semejante acusación. Lo que yo he publicado solo promueve la responsabilidad y la acción cívica de un pueblo, especialmente los estudiantes universitarios, frente a medidas injustas impuestas por el gobierno.”

Durante el interrogatorio, fue amenazada con ser acusada por “desobediencia” si continuaba publicando. Esta figura penal ha sido utilizada sistemáticamente en Cuba para criminalizar el activismo y castigar el ejercicio de la libertad de expresión.

También fue reprimido el estudiante y activista Raymar Aguado Hernández, quien fue detenido arbitrariamente tras negarse a presentarse a una citación ilegal. Agentes policiales se presentaron en su vivienda y lo trasladaron en un patrullero para interrogarlo en dependencias de la Seguridad del Estado.

El día anterior, el jefe de sector de Cayo Hueso, identificado como Oribel Díaz, se había presentado en su casa para entregarle la citación. Al negarse a firmarla, Raymar fue amenazado con ser “buscado” y sufrir “consecuencias” si no asistía.

En un video difundido en redes sociales, Raymar denunció públicamente la arbitrariedad del procedimiento y reafirmó su derecho a respaldar el paro universitario y rechazar el tarifazo.

En ninguno de los dos casos se comunicó el motivo oficial de la citación, lo que refuerza su carácter arbitrario e intimidatorio.

Estas acciones no solo constituyen una ofensiva contra la juventud cubana, sino una violación grave de derechos protegidos internacionalmente. Protestar, expresarse libremente y organizarse no puede ser criminalizado.