Cubalex alerta sobre la detención arbitraria del joven Alejandro Salazar Blanco, de 21 años, ocurrida el 22 de mayo de 2024 en la ciudad de Bayamo, provincia Granma, en el contexto de una protesta pacífica realizada el día anterior para expresar el descontento popular ante los apagones prolongados y las condiciones precarias de vida en Cuba.
El 22 de mayo, agentes policiales irrumpieron en la vivienda de Alejandro y lo detuvieron por la fuerza. Desde entonces, permanece recluido en la estación de la PNR ubicada en la salida hacia la provincia de Las Tunas, donde se encuentra prácticamente incomunicado. Solo un familiar ha podido verlo en dos ocasiones breves, en condiciones restrictivas que incluso impidieron que pudiera terminar de alimentarse.
Según la información recibida por Cubalex, otras personas también fueron detenidas en el contexto de la protesta del 21 de mayo, pero fueron liberadas poco después con la imposición de actas de advertencia. Alejandro es el único de esa localidad que continúa detenido, lo que sugiere un trato selectivo y arbitrario por parte de las autoridades.
Durante su detención, Alejandro ha sido además víctima de trato degradante y discriminatorio. Un oficial le expresó literalmente: “Se te subió la mariconería para la cabeza”, lo que pone en evidencia un comportamiento homofóbico, ofensivo y abusivo por parte de los agentes encargados de su custodia.
Desde el momento de su arresto, la familia ha recibido información confusa y contradictoria. En un inicio, se les dijo que el caso no sería procesado judicialmente; posteriormente, se mencionó la posibilidad de una fianza de 500 mil pesos cubanos; y más recientemente, se ha hablado de una posible sanción de hasta 10 años de prisión.
A la fecha, no existe claridad sobre los cargos imputados, ni se han respetado las garantías mínimas del debido proceso, lo que agrava la situación de indefensión y vulneración de derechos que enfrenta Alejandro y su familia.
La detención prolongada y el trato discriminatorio contra Alejandro Salazar Blanco evidencian una política de represalia estatal destinada a castigar y disuadir la participación ciudadana en actos de protesta pacífica. Su caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de criminalización del disenso en Cuba.
Desde Cubalex, reiteramos que la protesta pacífica, la libertad de expresión y el reclamo por condiciones de vida dignas no son delitos, sino derechos fundamentales que el Estado está obligado a respetar y proteger.
Exigimos su liberación inmediata y el cese de las acciones represivas contra quienes se atreven a alzar la voz.
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