Foto: Tomada de redes sociales.

La presencia del exjuez cubano Amalio Alfaro Matos en Estados Unidos ha generado indignación entre activistas, periodistas y víctimas de la represión en Cuba. Conocido por su papel clave en la persecución judicial contra opositores, Alfaro Matos emigró a EE. UU. en 2023. Desde su posición como presidente de la Sala Penal del Tribunal Provincial de Guantánamo, ratificó sentencias arbitrarias, ignoró denuncias de tortura y violaciones procesales, y fue pieza central del aparato judicial al servicio de la Seguridad del Estado. Hoy reside en Tampa, Florida, mientras las víctimas de sus decisiones exigen justicia y rendición de cuentas. Esta denuncia pública busca visibilizar su rol en la represión sistemática en Cuba y alertar sobre la impunidad de represores en el exilio. 

¿Quién es Amalio Alfaro Matos?

Amalio Alfaro Matos fue, durante años, una figura clave del aparato judicial de represión del Estado cubano. Desde su posición como juez, legitimó juicios políticos fabricados y dictó sentencias destinadas a castigar la disidencia. En 2023, emigró a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario y actualmente reside en Tampa, Florida. 

Inició su carrera profesional como abogado en el Bufete Colectivo del municipio de Baracoa, pero entre 2019 y 2020 ocupó el cargo de presidente de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Guantánamo. Desde esa posición, se consolidó como uno de los jueces más implacables contra activistas, periodistas independientes y opositores pacíficos en el oriente del país. 

La actuación de Alfaro Matos ha sido señalada por contribuir activamente a la impunidad de agentes del Ministerio del Interior implicados en actos de violencia. Como juez, incumplió su deber legal de denunciar violaciones procesales ante la fiscalía, permitiendo que abusos graves quedaran sin consecuencias. Diversos documentos lo citan como parte de una estructura judicial controlada por los órganos represivos del Estado, donde su papel fue clave para avalar condenas arbitrarias y silenciar voces disidentes. 

Represión judicial contra el periodismo independiente 

Amalio Alfaro Matos desempeñó un papel central en la persecución judicial del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, condenado en abril de 2019 a un año de prisión por los presuntos delitos de “resistencia” y “desobediencia”, tras cubrir el juicio de dos pastores evangélicos en Guantánamo que educaban a sus hijos en el hogar. 

Como presidente de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Guantánamo, Alfaro Matos ratificó la condena impuesta por el tribunal municipal, a pesar de múltiples irregularidades procesales y denuncias de tratos crueles y degradantes sufridos por el periodista durante su detención. 

En lugar de corregir estas violaciones, Alfaro Matos —junto a los jueces Yadira Giro Hernández y Julio J. Tamayo Arévalo— negó la celebración de una vista pública de apelación. La decisión, adoptada sin justificación, cerró una de las pocas vías legales que tenía el periodista para ejercer su derecho a la defensa.

Además, ignoró las denuncias sobre actos de violencia ejercidos por agentes del Ministerio del Interior (MININT), incumpliendo su obligación legal de remitir el caso a la fiscalía. Como resultado, los autores de las agresiones físicas y psicológicas contra Quiñones no enfrentaron consecuencias legales. 

Durante su reclusión en la Prisión Provincial de Guantánamo, Roberto Quiñones fue sometido a condiciones inhumanas: humillaciones constantes, vigilancia permanente y la negación sistemática de atención médica adecuada.

En declaraciones a Martí Noticias, el periodista describió su encarcelamiento como “sumamente duro y cruel” y denunció la injusticia de que figuras responsables de la represión vivan en libertad y sin rendir cuentas, mientras sus víctimas siguen en el exilio, en prisión o bajo acoso en la isla. 

Roberto Quiñones fue condenado a prisión por ejercer su labor como periodista, en un proceso marcado por irregularidades y motivaciones políticas. Su caso ilustra con claridad cómo el sistema judicial cubano ha sido instrumentalizado para criminalizar el periodismo independiente y reprimir la disidencia, lo que constituye una violación directa de los estándares internacionales sobre libertad de expresión y debido proceso. 

El caso de Juan Luis Bravo: una condena fabricada por motivos políticos

El testimonio del activista Juan Luis Bravo Rodríguez confirma el carácter represivo de la actuación de Amalio Alfaro Matos, uno de los jueces que en 2014 lo condenó a nueve años de prisión por los supuestos delitos de “homicidio” y “daños”, en un proceso fabricado por la Seguridad del Estado con el objetivo de desarticular su liderazgo y silenciar su labor como defensor de derechos humanos. 

Bravo, entonces miembro del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, era una figura visible de la oposición pacífica en Guantánamo, conocido por liderar protestas y organizar encuentros en su vivienda —convertida en un espacio de articulación para opositores, Damas de Blanco y otros activistas—. Su creciente liderazgo lo convirtió en blanco de una operación represiva que buscaba castigar de forma ejemplarizante su activismo con una acusación infundada.

Durante el juicio —que Bravo califica como “amañado” y controlado por la Seguridad del Estado—, incluso la madre del joven fallecido declaró a su favor, afirmando que su hijo no murió por causa del acusado, sino como resultado de la negligencia policial. Sin embargo, Amalio Alfaro Matos, en su rol de juez ponente del tribunal, desestimó su testimonio y justificó la condena con una frase reveladora: “Los únicos que saben lo que pasó con su hijo son los de la Seguridad del Estado, y el acusado (Juan Luis Bravo) es un elemento contrarrevolucionario que tiene que pagar por ese delito.” 

Esta afirmación revela con claridad que la condena no fue producto de una evaluación imparcial de los hechos, sino de una práctica política represiva. El caso de Juan Luis Bravo expone el patrón sistemático de fabricación de delitos comunes para deslegitimar, encarcelar y silenciar a personas con liderazgo dentro de la oposición cubana.

¿Impunidad en el exilio?

Desde Cubalex, denunciamos la presencia impune de actores represivos del régimen cubano en territorio estadounidense. Jueces como Amalio Alfaro Matos no fueron simples ejecutores de órdenes: desempeñaron roles clave en la maquinaria de represión estatal, utilizando su autoridad judicial para legitimar procesos amañados, castigar a la disidencia y violar sistemáticamente los derechos fundamentales de ciudadanos cubanos.

Su llegada a Estados Unidos, amparado por beneficios migratorios, representa una seria contradicción con los principios de justicia y protección internacional. No puede permitirse que quienes facilitaron la persecución política en Cuba gocen de impunidad en el exilio, mientras sus víctimas continúan enfrentando prisión, hostigamiento o el destierro forzado por pensar distinto y ejercer su derecho a expresarse libremente. 

Instamos a la comunidad internacional —y en particular a las autoridades migratorias de Estados Unidos— a considerar estos antecedentes al evaluar solicitudes de residencia. La protección internacional no debe extenderse a quienes contribuyeron activamente a violaciones de derechos humanos.