Foto: Captura de pantalla de la audiencia pública de la CIDH/Cubalex.

Este 4 de marzo, Cubalex participó en la audiencia regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 192° Periodo de Sesiones, sobre la “Situación de la privación arbitraria de libertad por motivos políticos”, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos de América Latina y el Caribe. 

Cubalex ha documentado al menos 2,045 detenciones arbitrarias por motivos políticos entre enero de 2022 y febrero de 2025. No obstante, esta cifra refleja solo una parte del problema, ya que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias y debido a la falta de visibilidad de numerosos casos. 

Patrones de represión y violaciones al debido proceso

Durante su intervención, Giselle Morfi, abogada y jefa del equipo legal de Cubalex, expuso las sistemáticas violaciones al debido proceso que enfrentan las personas detenidas en Cuba por motivos políticos. Estas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, uso abusivo de la prisión provisional, restricciones al acceso a la información, represalias contra los detenidos y falta de independencia judicial.

Foto: Giselle Morfi, abogada defensora de derechos humanos, expuso ante la CIDH las violaciones documentadas por Cubalex.

En Cuba, las detenciones se realizan sin orden judicial y sin evidencia de delito, motivadas únicamente por la expresión de opiniones políticas contrarias al gobierno. Basta con un post en redes sociales o una declaración crítica para que una persona sea privada de su libertad. En muchos casos, los tribunales imponen penas de hasta 15 años de prisión sin pruebas suficientes, utilizando la represión como herramienta de castigo y control social.

Otro patrón recurrente es el uso excesivo de la prisión provisional, que debería ser una medida excepcional. Sin embargo, en Cuba, se prolonga arbitrariamente durante más de un año sin que se realice juicio ni se justifique legalmente la detención. Las solicitudes de modificación de la medida cautelar son sistemáticamente denegadas sin argumentos ni razonamientos legales que las respalden.

A esto se suma la negación de acceso a información tanto para los detenidos como para sus familiares. Las autoridades –incluyendo fiscales, instructores penales y la policía– ocultan datos clave sobre el proceso judicial, como el número de expediente o el estado del caso. Incluso los propios abogados, quienes deberían tener acceso directo a estos registros, enfrentan obstáculos para brindar información a sus clientes, lo que refuerza la indefensión de las personas detenidas.

Las desapariciones forzadas de corta duración son otro patrón alarmante. Muchas personas permanecen incomunicadas durante cinco o siete días tras su detención, impidiendo que sus familias o abogados verifiquen su paradero o su estado de salud. Además, quienes denuncian estas violaciones dentro de la prisión sufren represalias, que incluyen golpizas, restricciones de visitas y aislamiento como forma de castigo.

La falta de independencia judicial agrava aún más la situación. En Cuba, el sistema judicial está subordinado al poder político, lo que se traduce en un rechazo sistemático de solicitudes de habeas corpus. Aunque la ley exige que los jueces verifiquen personalmente la situación de los detenidos, en la práctica se limitan a emitir fallos basados únicamente en los informes de la fiscalía y los órganos represivos del Estado.

Por último, Morfi recordó que en los juicios contra manifestantes del 11J, los jueces utilizaron como única prueba las autoinculpaciones obtenidas bajo coacción, sin verificar si hubo realmente delitos. Muchas personas fueron condenadas únicamente por haber estado presentes en las protestas, sin haber cometido ningún acto de violencia ni delito alguno, en un intento del Estado de criminalizar el derecho a la manifestación pacífica.

La sociedad civil instó a la CIDH a:

1- Elaborar un informe regional sobre la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos.
2- Monitorear y solicitar información a los Estados sobre estos casos.
3- Coordinar con otros organismos internacionales para exigir la liberación de las personas detenidas arbitrariamente.

La prisión política en Cuba es una práctica sistemática que busca silenciar la disidencia y desarticular cualquier forma de oposición. Cubalex continuará documentando estos abusos y presentando informes para visibilizar esta realidad ante la comunidad internacional. Es urgente exigir justicia y libertad para quienes hoy sufren en completo abandono dentro de las cárceles cubanas.