Nelson Caballero Díaz, detenido arbitrariamente por manifestarse pacíficamente contra los apagones en Cuba, lleva siete días en huelga de hambre en protesta por su injusto encarcelamiento y las constantes violaciones a sus derechos fundamentales.

Actualmente recluido en la prisión Cerámica Roja, en Camagüey, Nelson permanece sin ingerir alimentos desde el 6 de diciembre. Esta es su tercera huelga de hambre desde su detención el pasado 17 de octubre en su localidad de residencia, Jimaguayú.

Las acusaciones contra Nelson, basadas en un supuesto “atentado” por agredir con una cabilla al intendente local, carecen de fundamento. Según información obtenida, incluso el propio intendente habría expresado a la familia de Nelson que está dispuesto a declarar que dicha agresión nunca ocurrió. Estas acusaciones evidencian un claro intento de criminalizar su legítimo derecho a la protesta.

La situación de Nelson se ve agravada por la negligencia de su abogado defensor, Gustavo Fiallo, quien no ha respondido a los reiterados intentos de comunicación realizados por la familia. Este incumplimiento vulnera gravemente su derecho a una defensa adecuada, establecido en el artículo 132 de la Ley del Proceso Penal, que obliga a los defensores a representar debidamente a sus clientes, agotar todos los medios legales disponibles y mantener informados a los familiares sobre el avance del caso.

Sin embargo, el abogado no ha demostrado haber agotado los recursos legales previstos en la ley ni ha comunicado la recepción de notificaciones importantes, lo que constituye una negligencia, ya sea por acción (al no comunicar información relevante a los familiares) o por omisión (al no denunciar la falta de notificaciones o actuar frente a la inacción de las autoridades). Este incumplimiento de sus funciones deja a Nelson en un estado total de indefensión.

Además, la prisión provisional impuesta a Nelson, que debería ser una medida excepcional y estrictamente fundamentada, agrava su situación. La falta de comunicación entre el abogado y la familia les impide supervisar el proceso judicial, verificar la presentación de pruebas de inocencia o denunciar las violaciones al debido proceso. Esto incrementa significativamente el riesgo de nuevas vulneraciones a sus derechos humanos.

Cubalex denuncia que la ausencia de una defensa legal efectiva no solo profundiza la indefensión de Nelson, sino que también lo expone a mayores riesgos durante su encarcelamiento. Esta situación refleja las graves deficiencias del sistema judicial cubano en la protección de los derechos fundamentales y resalta la urgencia de garantizar un proceso justo para Nelson Caballero Díaz.