En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Cubalex documentó una serie de incidentes represivos dirigidos contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos en Cuba, evidenciando un patrón de vigilancia, amenazas y detenciones arbitrarias.

Entre los casos registrados, destaca la situación de Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, quien fue perseguida y grabada por agentes de la Seguridad del Estado mientras intentaba realizar compras en una tienda. Este hostigamiento la obligó a abandonar el lugar sin poder adquirir los productos que necesitaba. Boris Agustín Osorio Ramos también fue objeto de amenazas directas por parte de la Seguridad del Estado, quienes le prohibieron salir de su casa durante el 10 de diciembre.

Por otro lado, Alejandro Garlobo denunció un corte selectivo de su conexión a internet, mientras que Leticia Ramos, otra integrante de las Damas de Blanco, reportó vigilancia constante frente a su vivienda en Cárdenas, Matanzas. Este tipo de acciones se extendieron a varios activistas del Movimiento Opositor por una Nueva República (MONR), como Lázaro Antonio Pérez, Pedro Peña y Maritza Concepción, quienes también denunciaron la presencia policial alrededor de sus hogares desde el día anterior.

Los periodistas Vladimir Turró y Anay Remón, de Cubanet Noticias, sufrieron cortes de internet y telefonía, además de recibir advertencias para no salir de sus casas. Esta estrategia de aislamiento también afectó a miembros de otros grupos como el PUNCLI, entre ellos Oscar Elías Biscet y José Elías González, quienes fueron sitiados en sus viviendas.

En varias provincias, como Pinar del Río, Guantánamo y Villa Clara, la represión tomó diversas formas, desde vigilancia policial frente a los hogares de activistas hasta interrupciones de servicios de internet y telefonía. Camila Acosta y Yunia Figueredo, periodistas independientes, denunciaron estas prácticas, mientras que Agustín López Canino fue detenido el 8 de diciembre para impedir su participación en una convocatoria anual de protesta, siendo liberado dos días después.

En el municipio San Juan y Martínez, en Pinar del Río, los activistas Yoelexis Acosta Alonso, Yoan Díaz Vento, Michael Valladares Cala y Yakelín Echeverría Pérez reportaron estar sitiados. A su vez, Eduardo Díaz Fleitas fue informado por la Seguridad del Estado que no podía salir de su vivienda los días 9 y 10 de diciembre, permaneciendo bajo vigilancia constante. En Guantánamo, el activista Juan Luis Bravo Rodríguez denunció también un cerco alrededor de su hogar, situación que replicó Otoniel Cruz Suárez en Ciego de Ávila, según información del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Nedel García y Tayri Lorenzo, padres del prisionero político del 11J Andy García Lorenzo, permanecieron bajo vigilancia en su vivienda en Villa Clara, mientras que las periodistas Camila Acosta y Yunia Figueredo denunciaron la presencia de agentes de la Seguridad del Estado frente a sus residencias en La Habana. Asimismo, se confirmó la detención del activista Roberto Quiñones en Baracoa, Guantánamo.

En un esfuerzo por silenciar a la prensa independiente, Juan Manuel Moreno Borrego y Frank Abel García, del medio Amanecer Habanero, sufrieron amenazas y cortes de internet. Mabel Páez y Orlidia Barceló, directoras de medios locales, también reportaron intimidaciones directas de agentes de la Seguridad del Estado, quienes advirtieron que no podían salir de sus hogares el 10 de diciembre.

Yolanda Santana, Dama de Blanco, denunció estar sitiada, mientras que Liset Fonseca, madre del prisionero político Roberto Pérez Fonseca, sufrió interrupciones de sus servicios de internet y telefonía móvil.

En Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera fue hostigado por un grupo de respuesta rápida frente a su vivienda, mientras que Agustín López Canino fue detenido preventivamente el 8 de diciembre para impedir su participación en una protesta, siendo liberado el 10 de diciembre.

Cubalex continúa monitoreando y visibilizando estas violaciones a los derechos humanos, que buscan silenciar y reprimir cualquier manifestación de disidencia en la isla. Estos hechos reflejan un entorno hostil para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y movimiento.