El uso de la psiquiatría como herramienta de represión política expone la grave crisis de derechos humanos que se vive en Cuba. Al igual que en la Unión Soviética, donde se emplearon diagnósticos falsos como la “esquizofrenia lenta” para silenciar y desacreditar a los disidentes, el Estado cubano recurre a diagnósticos psiquiátricos manipulados y a tratamientos forzosos para descalificar a activistas y opositores, presentándolos ante la sociedad como personas mentalmente inestables.

Hoy, esta táctica permanece vigente en Cuba. Organizaciones de la sociedad civil han documentado entre 20 y 30 casos de opositores sometidos a evaluaciones y tratamientos psiquiátricos forzosos en los últimos 15 años, en su mayoría activistas de movimientos como las Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Esta práctica permite justificar abusos y condiciones inhumanas en un sistema penitenciario que no cumple con los estándares básicos de derechos humanos. Ejemplo de ello es el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue internado forzosamente en una institución psiquiátrica, prohibiendo a sus familiares acceder a su expediente médico o conocer su estado de salud. Similar es la experiencia del periodista cubano Omar Suárez Campos, quien fue internado en un hospital psiquiátrico tras denunciar la escasez de agua en Pinar del Río. Agentes de la Seguridad del Estado lo trasladaron por la fuerza en una ambulancia, sin presentar ningún documento oficial que justificara su internamiento.

Desde 1959, se ha documentado en Cuba un patrón de represión psiquiátrica caracterizado por el uso sistemático de torturas mediante electroshocks y la administración forzada de psicofármacos para someter y “ablandar” a disidentes y activistas. Los casos registrados muestran cómo, bajo acusaciones de “propaganda enemiga” o intentos de fuga, las personas detenidas son enviadas a hospitales psiquiátricos donde sufren tratamientos abusivos que dañan gravemente su salud física y mental. Entre los ejemplos más alarmantes se encuentran el de Luis Pérez Quitana, sometido a múltiples electroshocks tras ser denunciado por el contenido político de una novela; Pascual Ovidio Delgado, obligado a consumir psicofármacos que le causaron daños persistentes en su sistema nervioso; y Silvio Águila Llanes, arrestado después del incidente del barco “Río Canimar”, quien también recibió electroshocks y medicación forzada como castigo por intentar escapar de Cuba. Casos como el de José Obregón, quien fue mantenido atado durante días tras recibir medicación que le provocaba alucinaciones, demuestran cómo la combinación de encierro y tortura psiquiátrica convierte el “tratamiento” en una herramienta de destrucción psicológica, con efectos que se extienden más allá del encarcelamiento.

La tortura psiquiátrica se ha convertido en un potente instrumento de represión en Cuba, afectando no sólo a las víctimas directas, sino también enviando un mensaje claro a la población: cualquier manifestación de oposición al régimen puede tener consecuencias devastadoras, incluida la destrucción de la propia salud mental. La persistencia de estas prácticas, aún décadas después de su instauración, evidencia la ausencia de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en el sistema cubano, perpetuando la impunidad y el sufrimiento de quienes intentan alzar su voz en defensa de sus derechos. Las mismas afectan a críticos visibles del régimen, y también a personas que, como Juan Carlos González —conocido públicamente como “Pánfilo”—, expresan malestar social. En 2009, González fue arrestado después de interrumpir una entrevista televisiva en La Habana para gritar “¡Tenemos hambre!”, un reclamo que evidenciaba la difícil situación económica del país. Las autoridades respondieron internándolo en un hospital psiquiátrico, bajo la justificación de que padecía “trastornos mentales.”

El uso de la psiquiatría como medio de represión política en Cuba constituye una violación alarmante de derechos humanos protegidos en tratados internacionales ratificados por el Estado cubano, tales como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Estos instrumentos obligan al Estado a resguardar la integridad física y mental de sus ciudadanos, prohibiendo la tortura y cualquier trato cruel, inhumano o degradante, y a proteger derechos fundamentales como la libertad de expresión y la protesta pacífica. Sin embargo, la práctica documentada de emitir diagnósticos psiquiátricos manipulados y de aplicar tratamientos forzosos para desacreditar a opositores constituye una violación directa a estos derechos. Estas acciones generan daños físicos y psicológicos duraderos en las víctimas, limitando sus capacidades para participar en la vida cívica y social del país.

Estas prácticas vulneran también varios artículos de la Constitución cubana de 2019, como aquellos que refrendan la dignidad humana como valor fundamental, el derecho a la salud, la libertad de pensamiento y de expresión. Así como del Código Penal cubano, particularmente aquellos que protegen la integridad física y psicológica de las personas, sancionan  la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el abuso de autoridad.

Por otro lado, la falta de transparencia en los procederes que involucran abusos psiquiátricos y tratamientos forzosos vulnera el derecho a una defensa eficaz y al acceso a la justicia. La Constitución cubana reconoce el derecho a una defensa adecuada y al acceso a la justicia, pero en la práctica, las restricciones al acceso a expedientes médicos y la falta de un proceso de revisión independiente impiden que las personas afectadas ejerzan estos derechos de manera efectiva. Esto crea una contradicción entre los principios constitucionales y su aplicación en la realidad, revelando una brecha entre la teoría y la práctica en la protección de derechos fundamentales en Cuba.

Cubalex exige al Estado cubano la implementación de medidas de transparencia en la gestión de los expedientes médicos, permitiendo el acceso de familiares y representantes legales y asegurando la libre elección de médicos para los afectados. Asimismo, urge la creación de un sistema de revisión independiente con un registro público para evitar el uso de la psiquiatría con fines represivos.

Cubalex insta, además, a la instauración de mecanismos de supervisión imparciales que aseguren que los internamientos psiquiátricos respondan únicamente a criterios médicos objetivos, libres de intereses políticos, y a llevar a cabo inspecciones independientes en los centros penitenciarios con la participación de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Es esencial que se garantice la protección de los derechos individuales de manera que el sistema de justicia y salud respondan realmente a los principios de equidad, dignidad y justicia que la Constitución cubana y los compromisos internacionales exigen.