La abogada y defensora de derechos humanos señaló que la falta de independencia del poder judicial en Cuba afecta la justicia y refuerza un clima de impunidad en el que las violaciones de derechos humanos quedan sin consecuencias.

El 6 de noviembre, Laritza Diversent, directora ejecutiva de Cubalex, participó en el Foro “El Derecho y la Justicia en la Defensa de la Democracia”, organizado por el Inter-American Institute for Democracy, Inspire America Foundation y Diario Las Américas.

En su presentación, titulada “El Poder Judicial en Cuba, un obstáculo para la justicia y la democracia”, Diversent realizó una crítica profunda sobre el sistema judicial cubano, destacando cómo su falta de independencia se convierte en un obstáculo que impacta gravemente la justicia y la democracia en el país.

Diversent explicó cómo la falta de independencia del poder judicial en Cuba convierte a los tribunales en herramientas de control político en lugar de garantes de justicia. Señaló que esta subordinación al poder estatal permite la manipulación de procesos judiciales para perseguir a disidentes y silenciar voces críticas, afectando gravemente los derechos humanos y debilitando la confianza pública. Diversent enfatizó que la ausencia de garantías de debido proceso y la parcialidad en los juicios refuerzan un clima de impunidad en el que las violaciones de derechos quedan sin castigo, subrayando la urgente necesidad de reformas judiciales para proteger los derechos ciudadanos y promover un auténtico Estado de Derecho en el país.

Principales puntos de su intervención

Subordinación política del poder judicial

Diversent explicó cómo el poder judicial en Cuba está subordinado al Partido Comunista, lo cual impide que actúe como un contrapeso real al poder ejecutivo y legislativo. Este modelo, conocido como “centralismo democrático”, concentra el poder en el Estado y elimina los controles necesarios para una justicia imparcial.

Impacto en derechos y democracia

La falta de independencia judicial fomenta un clima de impunidad en el que las violaciones de derechos humanos quedan sin consecuencias. Según Diversent, esta realidad limita el acceso de los ciudadanos a procesos justos, mina la confianza pública en las instituciones y debilita la participación ciudadana, elementos esenciales en cualquier democracia funcional.

Ausencia de garantías judiciales

La abogada señaló que los procesos judiciales en Cuba frecuentemente carecen de transparencia y de garantías mínimas de debido proceso. Informes de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han documentado cómo estos procesos son influenciados por intereses políticos, afectando especialmente a activistas y disidentes.

Desconfianza pública y control político

Diversent subrayó que la instrumentalización de la justicia crea un entorno de represión que desmotiva la participación política y cívica, debilitando así las bases de una democracia efectiva. Esta percepción de parcialidad e injusticia en el sistema judicial disuade a la población de expresar opiniones críticas, reforzando un clima de autocensura y temor.

Llamado urgente a la reforma

En sus conclusiones, Diversent afirmó que la justicia en Cuba debe reformarse para garantizar un sistema judicial independiente y autónomo que defienda los derechos de la ciudadanía y el Estado de Derecho. Solo así podrá el sistema judicial servir a la justicia y no a la represión estatal.

Para ver la intervención completa de Laritza Diversent, puede acceder al siguiente enlace: