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LA HABANA, Cuba. - En noviembre de 2020, con el inicio de la temporada alta, Cuba reabrió sus fronteras al turismo buscando aliviar la delicada situación económica, que había empeorado notablemente tras ocho meses de aislamiento a causa de la pandemia de COVID-19. Al momento de anunciada la reapertura, los contagios en la Isla se mantenían controlados, con unos 7.600 casos positivos y 131 fallecidos. Desde entonces ha sido un requisito obligatorio para los viajeros hacerse una prueba PCR en la terminal aérea, antes de continuar su ruta hacia el hotel. La decisión de admitir clientes solo en las instalaciones turísticas de los cayos tenía el objetivo de mantener a raya el índice de contagios en las ciudades; sin embargo, el arribo masivo de cubanos que habían quedado varados en otras naciones, principalmente Estados Unidos, volvió a disparar el número de casos. La insuficiente cantidad de exámenes PCR, así como la desatención a las llamadas “zonas de silencio”, son factores que han potenciado el rebrote; aunque las autoridades culpen a los cubanos procedentes del exterior, muchos de los cuales no han observado la cuarentena obligatoria, y sin esperar por el resultado de los dos PCR reglamentarios, han retomado su vida como en circunstancias normales. Es cierto que la indisciplina ciudadana ha menoscabado meses de esfuerzo, pero la reapertura de las fronteras obedeció más a un imperativo económico que humanitario. El régimen terminó cediendo ante la presión financiera, como lo hicieron esos gobiernos tan criticados desde la moralina oficialista por supuestamente “priorizar el dinero antes que la salud”. La necesidad de dólares del castrismo era y es impostergable, más ahora que se prevé un nuevo cierre, aunque no se ha precisado si será solo a nivel interprovincial o cesará también la actividad aeroportuaria. Por muy complicada que sea la situación epidemiológica, negar la entrada al turismo no sería una medida razonable; de modo que el régimen ha replanteado el estado de cosas para que las dificultades jueguen todo lo posible a su favor. El Ministerio de Turismo ha anunciado que las principales instalaciones hoteleras de la Isla ofrecerán PCR a los turistas canadienses mediante el pago por transferencia de 30 dólares americanos. La decisión se ha hecho pública en una “casual” sintonía con el Gobierno de Canadá, que recién aprobó una normativa en la cual exige a los viajeros ingresar al país con un examen PCR negativo. Este nuevo requisito brinda a Cuba una inesperada oportunidad de captar divisas y publicitar el alto estándar del sistema de atención sanitaria dirigido a los extranjeros, donde nunca escasean recursos, personal ni medicinas. Tales estragos se acumulan y entorpecen a diario el trabajo en las instalaciones médicas donde son atendidos los pacientes nacionales, otra de las “fortalezas” de la Revolución. Mientras el régimen demuestra que hay disponibilidad de pruebas para garantizar el diagnóstico y, por ende, la salud de los visitantes foráneos, el bioquímico y opositor Oscar Casanella señaló, a través de un post en su muro de Facebook, que desde el comienzo del año ha disminuido drásticamente la cantidad de PCR realizados a la población; un comportamiento que el científico califica de negligente por parte del Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Si existen tests suficientes para diagnosticar a los turistas, también los hay para aplicarlos de forma aleatoria en las colas, el transporte público abarrotado de personal y las áreas de silencio. Si se sumara la cantidad de casos positivos hallados en la primera semana de enero, y cuya fuente de infección es desconocida, las proyecciones serían alarmantes en un escenario que promete agravarse todavía más. El régimen teme que las cifras récord de enfermos se disparen, generando pánico en una ciudadanía que ya está contra la pared, agobiada por la falta de dinero, los altos precios y el peligro para la salud. En plena temporada alta la afluencia de turistas se halla muy distante de sus mejores marcas. La lógica, por consiguiente, es exprimir a todo el que quiera entrar o salir. La súbita reducción de vuelos provenientes de Estados Unidos, México y otras naciones caribeñas, ha dejado varados en la Isla a miles de pasajeros cuya única solución, por el momento, son los boletos de 500 dólares que vende la empresa de vuelos chárter Aerocuba, con destino al país norteño. Mientras el castrismo diseña estrategias para evitar que disminuya el flujo de turistas procedentes de Canadá (principal emisor), el virus se esparce por toda la Isla, registrando cifras récord que superan los 300 casos positivos en 24 horas. El doctor Francisco Durán ha vuelto a comparecer en televisión cada día, como si su sola presencia pudiera elevar la percepción de riesgo de los cubanos. Al cierre del 6 de enero había 13.479 casos confirmados y 148 fallecidos en Cuba. Las autoridades de La Habana han reconocido que el incremento de positivos no se puede seguir achacando a la llegada de viajeros, una justificación esgrimida con el objetivo de eclipsar otros factores desencadenantes que han corrido exclusivamente por cuenta del régimen, como las colas, la Tángana en el parque Trillo o los actos de repudio que han vuelto a ponerse de moda para demostrar que no hay peor virus que la necedad. 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