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MIAMI, Estados Unidos. - El Tribunal de Quivicán volvió a sentenciar al preso político Noslen Ayala García, quien ya cumplía una sanción de nueve años y ocho meses por la coordinación de actividades pacíficas contra el régimen en la ciudad de Güines, al sur de La Habana. En el próximo año se hará firme la nueva sentencia de cinco años más de prisión por los supuestos delitos de “desacato” y “resistencia”. Ayala García habrá sido sancionado a un total de 17 años de privación de libertad. “Esta vez Noslen protestó pacíficamente porque un guardia del penal lo esposó fuertemente cuando lo llevaba al puesto médico. Debido a este método de tortura, le lastimaron granos que tiene en las manos y todo el cuerpo, que supuran pus. El mismo guardia fue quien lo acusó y el Tribunal, sin más pruebas, lo condenó porque todo es parte del mismo órgano represivo”, dijo a CubaNet Zaqueo Báez Guerrero, coordinador de la UNPACU en la capital cubana. Ayala García se encuentra preso desde 2016. Inicialmente recibió condenas de dos años y ocho meses por “desacato” y “resistencia”, tres años por “atentado” y “resistencia”, cuatro años por gritar “¡Desacato a la figura de Díaz-Canel!” y dos años más por pintar un cartel que decía “Viva José Daniel Ferrer”. Ahora se suman otros cinco años de condena, nuevamente por “desacato” y “resistencia”. “Los carceleros le dijeron a Noslen que lo que no podían hacer conmigo y con José Daniel Ferrer García lo están haciendo con él, porque ya lo tienen en sus manos”, contó Báez, quien sostuvo una llamada telefónica con el preso político. El preso político, sobre quien ahora pesan 17 años de privación de libertad, una de las mayores condenas contra un preso político en Cuba, ha denunciado en numerosas ocasiones violación de las garantías procesales y discriminación, así como los malos tratos que ha sufrido por parte de las autoridades del penal, en contubernio con el Departamento de la Seguridad del Estado. En tan solo 11 meses, Ayala indicó que le habían cambiado seis veces de prisión por el único motivo de no acogerse al plan de “reeducación” comunista impuesto a los reclusos en los centros penitenciarios cubanos. Entretanto, el régimen cubano otorgó la libertad condicional al preso político Aurelio Andrés González Blanco, luego de cuatro años y ocho meses de prisión. El opositor, sentenciado por los supuestos delitos de “resistencia” y “atentado”, cumplió la mayor parte de su condena en la prisión Las Mangas, en Granma, y recientemente había sido trasladado hacia un campamento de trabajo forzado, contiguo a la prisión. Aunque se definía como activista independiente, antes de ser encarcelado González Blanco apoyaba activamente a los grupos opositores Damas de Blanco y Unión Patriótica de Cuba. Sus principales acciones eran parte de una campaña que inició para postularse como presidente de Cuba. Su arresto ocurrió en abril de 2016, durante la campaña “Todos Marchamos”. Fue condenado primeramente a dos años y seis meses por “resistencia”. No obstante, dentro del centro penitenciario la Seguridad del Estado, según familiares, arremetió contra él y le imputó otros dos años y dos meses por “atentado”. La corta campaña que promovió el opositor proponía aumentar las pensiones de los jubilados, crear mayores empleos, descentralizar la economía y aumentar el salario mínimo a 7.500 pesos, en aquel momento equivalentes a 300 CUC. Sin embargo, la respuesta del Gobierno cubano fue represión y luego cárcel. https://www.youtube.com/watch?vpxBJGVealkM Casi seis meses de cerco policial a la sede de la UNPACU Desde julio pasado hasta hoy, el Departamento de la Seguridad del Estado mantiene un cerco policial alrededor de tres viviendas que funcionan como sede de la UNPACU en Santiago de Cuba. Durante este tiempo, al menos un centenar de activistas y personas de la comunidad han sido detenidas por intentar entrar o por salir del lugar con alimentos y medicamentos. José Daniel Ferrer, líder del grupo y promotor de Cuba Decide, aseguró que han resultado multados más de una decena de activistas y han ocurrido cientos de violaciones a la libertad de movimiento. “Les dicen a los activistas, colaboradores, amigos, personas necesitadas que esta zona está decretada como ‘zona de seguridad’ y ellos mantienen un perímetro que no se puede violar”, explicó Ferrer. El presidente del Partido del Pueblo también resaltó las detenciones violentas, así como el caso del activista Ebert Hidalgo Cruz. “Ebert ha sido detenido en este año al menos 15 veces; ha sido retenido para impedirle el paso en más de 30 ocasiones y ahora ‘debe’ seis multas por supuestamente violar el perímetro de seguridad. Hasta el experiodista de Granma José Antonio Torres fue detenido y multado por acercarse a nosotros”. Ferrer denunció la apropiación ilegal por parte de la Seguridad del Estado de dinero y alimentos destinados a los proyectos comunitarios que su organización mantiene en la provincia. “Han robado chícharo, arroz, aceite, viandas, de todo; e incluso le han prohibido pasar a esos ancianos enfermos que viven en extrema pobreza para que no reciban atención médica ni alimentaria (de parte de la UNPACU). Incluso los agentes del régimen han hecho el alarde de imitarnos, y han dado comida a estas personas, pero solo por un día o dos, no más. Nosotros los alimentábamos diariamente a todos”, dijo Ferrer. En huelga de hambre y detenidos Roberto Pérez Rodríguez, miembro de la UNPACU y promotor de Cuba Decide, continúa en huelga de hambre. Por su parte, permanecen detenidos desde hace 23 días los activistas Alberto Aguilar y Aneski Jiménez. Aguilar se encuentra en Villa Marista y, según informaron los agentes de la Seguridad del Estado a su esposa, será llevado a tribunales por el supuesto delito de “desacato”. Jiménez fue condenado a un año de privación de libertad por el mismo delito “desacato”. “No hay que buscar lógica porque no la tiene, ellos no han cometido delito alguno. El objetivo de la policía política es ir golpeando las células, encarcelar a sus líderes y mermar el activismo”, aseguró Zaqueo. Por otra parte, según fuentes cercanas, el preso político Emeregildo Duvergel habría concluido una huelga de hambre sostenida por 26 días. “Nadie lo ha visto, lo mantienen incomunicado, sin derecho a llamadas ni a visitas. Por tal motivo, nosotros seguiremos diciendo que está en huelga de hambre, porque sabemos las cosas que la dictadura hace para crear desinformación”, reiteró Zaqueo Báez. El pasado 30 de noviembre expiró la sanción de cuatro años que el régimen impuso a Duvergel por ser miembro activo de la UNPACU. Sin embargo, las autoridades del penal Kilo 5, de Pinar del Río, se negaron a liberarlo tras una supuesta acusación en su contra, realizada por uno de los carceleros. Según UNPACU, se trata de otra farsa para impedir que Duvergel se reincorpore a la organización. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

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Régimen condena por quinta ocasión al activista de la UNPACU Noslen Ayala