Los hombres son llevados a prisión con mayor frecuencia, mientras que con las mujeres se utiliza recurrentemente la amenaza de perder la custodia de sus hijos si persisten en los reclamos. El 8 de abril de este año CubaNet compartió, incluso, el testimonio de una madre cuya niña mayor fue amenazada con perder sus derechos educativos. La mujer fue citada a una estación policial de su localidad en Santiago de Cuba por denunciar en redes sociales la miseria que afectaba su hogar. Como es madre soltera y no tenía con quién dejarlas, acudió con sus dos hijas y, mientras transcurría su interrogatorio, la Policía sacó a la niña mayor de la recepción del lugar y la llevó a un cuarto donde un oficial le aseguró que si su mamá seguía haciendo directas en Facebook, la iban a meter presa y a ella no le iban a permitir cursar una carrera universitaria.

Las maneras más frecuentes de impedir el uso de las redes sociales para hacer algún reclamo o compartir información son interrogatorios, citaciones policiales, cortes de internet, multas y decomisos de equipos.

Coincidiendo con nuestros hallazgos, el abogado Alain Espinoza, miembro de la oenegé de asesoría jurídica Cubalex (radicada en el exilio y dedicada a acompañar a presos políticos cubanos y sus familiares), comenta: “Cuando [las protestas] se producen en el espacio público, la represión tiene la misma intensidad, sin importar que el detonante sea abiertamente político o no. La respuesta gubernamental siempre es la violación y restricción del derecho a la manifestación pacífica, a través del uso indiscriminado de la fuerza y seguido del uso del derecho penal como método de castigo, para lograr un efecto inhibitorio en el resto de la sociedad”.

Respecto a la relativamente novedosa técnica de cortar el servicio de internet, ya sea a un ciudadano o incluso a todo el país cuando sucede una manifestación de grandes dimensiones, Espinoza apunta: “A partir del costo político que supuso la violencia extrema utilizada en las protestas del 11J, se han visto obligados a modificar sus patrones represivos, sobre todo para evitar la visibilidad. Ahora, la primera medida que adoptan es el corte total de las comunicaciones en los lugares donde se producen las protestas, para, de esa manera, restringir su alcance”.

Este elemento de la visibilidad, mencionado por el abogado de Cubalex, tiene además un correlato en el tratamiento de los sucesos que hace el aparato propagandístico estatal. Exceptuando aquellos que son multitudinarios y, por tanto, imposibles de esconder de la opinión pública, el Gobierno calla frente a las expresiones de disenso de la población. Por ejemplo, la toma de la carretera que protagonizó una decena de madres en Maisí, mencionada en este texto, no fue reportada en ningún medio estatal local ni, mucho menos, nacional.

La pocas veces que el régimen se pronuncia, lo usual es que lo haga a través de los medios estatales, aunque no es extraño que desacredite o maquille la verdad. Así lo hizo ante los sucesos de la Carretera del Morro, en Santiago de Cuba, donde la primera secretaria del Partido Comunista en esa provincia apareció en el canal de televisión local bajándole el tono a la protesta al asegurar que se había producido “un diálogo de mutua comprensión entre autoridades y manifestantes”. En los días siguientes, el Gobierno repartió en los barrios “complicados” tres libras de arroz y cuatro de azúcar por persona y algo de leche para los niños.

Un comportamiento similar ocurrió casi dos meses después de los levantamientos populares en Nuevitas (Camagüey), cuando el Noticiero de Televisión presentó un material producido por la Seguridad del Estado según el cual el hecho era un plan orquestado desde Miami por grupos de “extrema derecha”. Mientras, en el caso de Caimanera registrado en este reportaje, el gobierno municipal expidió una comunicación en la que sostuvo que todo se había tratado de un grupo de ciudadanos en estado de embriaguez que habían salido a perturbar la tranquilidad.

Por el lado del aparato judicial, las reacciones excesivas se amparan en la ambigüedad de la redacción del Código Penal cubano. Bajo el título de Delitos contra la Seguridad del Estado y Sedición, este agrupa una serie de figuras delictivas que incluyen “Actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado”, “Promoción de acción armada contra Cuba”, “Ayuda al enemigo”, “Delitos contra el orden constitucional”, etc., cuyas sanciones pueden ir desde privación de libertad de 10 a 30 años, hasta cadena perpetua o, incluso, la pena de muerte.

Esas categorías pueden ser perfectamente aplicables a participantes de protestas por bienes básicos. De hecho, en los juicios a 14 manifestantes de las protestas de Nuevitas celebrados a finales de enero de este año, algunas de las sentencias ascendieron a 15 años de cárcel.

En el nuevo Código Penal, el asesinato es el único delito común que se compara en rigor punitivo con esas condenas. Mientras, por ejemplo, el tráfico de personas menores de edad solo se sanciona con de dos a cinco años, el tráfico de órganos y el secuestro con de cuatro a diez años, e incluso crímenes como la violación sexual a un menor de edad oscilan entre siete y 15 años.

A pesar de la represión y las penas desmesuradas, cada vez más cubanos no se dejan amedrentar. En uno de sus últimos audios vía WhatsApp, antes de ser llevado a prisión, Asdrúbal Kindelán respondió a las preguntas de por qué no se callaba y de si acaso no tenía miedo: “Claro que tengo miedo, esto es un gobierno asesino, que lo mismo te mete preso sin pruebas, que te inyecta algo en la cárcel o te inventa un accidente. ¡¡¡A este gobierno hay que temerle!!! Pero yo no me puedo callar. No me voy a callar. A mi hijo de 18 años lo tienen durmiendo en un colchón en el suelo de una celda por algo que no hizo. Ya los cubanos no aguantamos un abuso más”.