El cierre de 2025 dejó en evidencia un deterioro profundo y sostenido de la vida en Cuba. Diciembre condensó, de forma especialmente cruda, los efectos acumulados de una crisis que ya no es coyuntural: es estructural, cotidiana y transversal. El colapso de los servicios básicos, la precariedad del sistema de salud, el aumento de la violencia y una represión estatal persistente marcaron el final del año, impactando directamente el ejercicio de derechos económicos, sociales, civiles y políticos.
Los apagones prolongados —que en muchas zonas superaron un día completo sin electricidad— no solo afectaron la vida doméstica, sino que agravaron la crisis sanitaria y ambiental. La acumulación de basura, la proliferación de enfermedades transmitidas por mosquitos y la falta de condiciones higiénicas se combinaron con un sistema de salud colapsado. Mientras el discurso oficial minimizaba el impacto, las denuncias ciudadanas y los reportes independientes mostraron una realidad mucho más grave.
La inseguridad y la violencia siguieron creciendo en distintos territorios del país. En el plano económico, el cierre de año estuvo marcado por la imposibilidad de muchas familias de acceder incluso a lo básico. La escasez, los precios elevados y nuevas medidas de control económico contrastaron con anuncios oficiales de estabilidad y crecimiento que no encuentran respaldo en la experiencia diaria de la población. La brecha entre el relato institucional y la realidad documentada continuó ampliándose.
El escenario político también estuvo marcado por movimientos significativos dentro de la estructura del poder: cambios de altos cargos, reconfiguraciones en instituciones clave y decisiones adoptadas sin explicaciones públicas ni mecanismos de rendición de cuentas, reforzando la opacidad como práctica de gobierno.
En este contexto, la represión estatal se mantuvo como un elemento central y sistemático. Cubalex documentó violaciones de derechos humanos en todo el país, con especial intensidad en determinadas provincias y en fechas simbólicas. El Día Internacional de los Derechos Humanos volvió a convertirse en una jornada de control, vigilancia y castigo: operativos policiales, arrestos domiciliarios, citaciones, detenciones arbitrarias y cortes selectivos de internet se concentraron en pocas horas contra activistas, periodistas independientes, opositores y familiares de presos políticos.
Las cárceles continuaron siendo espacios de especial gravedad. La falta de alimentos, la ausencia de atención médica, las represalias contra quienes denuncian abusos y los traslados arbitrarios siguieron siendo prácticas recurrentes, en algunos casos derivando en desapariciones forzadas de corta duración.
Pese a la represión, el descontento social se expresó nuevamente en protestas ciudadanas, acciones simbólicas y manifestaciones espontáneas en distintos puntos del país. La respuesta estatal fue, una vez más, la criminalización: detenciones, multas, citaciones y persecución posterior, incluso para identificar y sancionar a quienes participaron de manera anónima.
Finalmente, Cubalex identificó un patrón reiterado de uso arbitrario del derecho penal para castigar el ejercicio de la libertad de expresión, en particular mediante la figura de “propaganda contra el orden constitucional”. La ley volvió a funcionar como herramienta de control y castigo, no como garantía de derechos.
Este informe se basa en cientos de registros recopilados y verificados a lo largo de diciembre de 2025. No pretende agotar la dimensión de la crisis, sino contribuir a comprender sus patrones, su alcance y su impacto real en la vida cotidiana de la población cubana. Las cifras, los casos y el análisis detallado que contiene el informe completo permiten dimensionar una realidad que el Estado insiste en negar, pero que sigue marcando cada día la vida en Cuba.